Andrés: “Más de 80 comparecientes permitirán que investiguemos cómo se tejió una red de adjudicación de plazas de residencias"
La portavoz de Política Social del grupo socialista en Les Corts, Concha Andrés, ha presentado hoy junto a Compromís, Podemos y Ciudadanos el plan de trabajo conjunto con el que estas formaciones políticas tratarán de dilucidar “qué sucedió en la Comunitat durante quince años con la adjudicación de 6.600 plazas de residencias, el 40% de las mismas vinculadas al grupo SAVIA de la familia Cotino” en la comisión de investigación solicitada en septiembre por la diputada Concha Andrés y apoyada por el resto de grupos que hoy han defendido el plan de trabajo. En este sentido, la dirigente del PSPV ha anunciado la intención de los grupos de solicitar la comparecencia de 89 personas “que permitirán que por fin se aclare cómo se tejió una auténtica red de adjudicación de plazas de residencias con visos de ilegalidad” y entre los que se encuentran todos los exconsellers de Bienestar Social, así como ex directores generales y subsecretarios dependientes de la conselleria. Además, Concha Andrés ha insistido en la importancia de conocer no sólo las declaraciones “sino también el amplio volumen de documentación que hemos solicitado y que durante años se nos fue negada a los socialistas sistemáticamente”
De hecho, todos los grupos han coincidido en destacar la “importancia fundamental” de que durante la comisión de investigación los ex dirigentes del PP como Juan Cotino y Rafael Blasco, ambos investigados, “nos aclaren por fin si las empresas del grupo Salvia tuvieron un más que evidente trato de favor en perjuicio de otras residencias” y ha lamentado la connivencia de toda la administración popular “que con el tiempo ha ido ampliándole sin remordimientos las prerrogativas a estas empresas”. “El volumen de negocio de este contrato especial superó los 1.000 millones de euros”, ha señalado Andrés antes de incidir en que durante la comisión de investigación los grupos parlamentarios también tratarán de averiguar “si se cumplieron las condiciones establecidas en los pliegos y, en caso contrario, como todo parece apuntar, si la Generalitat abrió los expedientes sancionadores correspondientes y si se cobraron estas sanciones”.
“Hoy sabemos que no es casualidad que más del 40% de las llamadas ‘plazas de accesibilidad” fueran a parar a la red empresarial de los Cotino, pero ahora tendrán que aclararnos “si es verdad que también impidieron la posibilidad de cumplir con los derechos de elección de las personas mayores para poder decidir en qué centros querían ser atendidos en tal de beneficiar obligatoriamente a esta red de residencias”, ha señalado la dirigente antes de incidir en que los grupos parlamentarios han solicitado la comparecencia de toda la cúpula de Bienestar Social con los gobiernos del PP, así como a los miembros de la mesa de contratación, de la comisión técnica de adjudicación de plazas y de las principales empresas del sector “para poder dilucidar si además de la adjudicación ilegal al menos las empresas cumplieron con las condiciones de calidad que necesitaban las personas mayores allí atendidas”. “Alguien deberá aclararnos por qué se incrementó notablemente y de forma casual el coste de las plazas si los servicios prestado ni siquiera estamos seguros de que fueran los necesarios”, ha señalado la diputada Concha Andrés.
Por su parte, el resto de grupos han incidido en la necesidad de que “todos los responsables aclaren en sede parlamentaria lo sucedido”, y han apuntado que, aunque en un principio la periodicidad de la convocatoria de la comisión de investigación iba a ser quincenal el volumen de comparecencias ha llevado a que vaya a convocarse de manera semanal. “Tenemos por delante un intenso trabajo para averiguar cómo se llevaron a cabo las adjudicaciones”, han sentenciado.
