Los funcionarios protestan ante los partidos judiciales de Alzira, Gandia, Sueca y Picassent
Se han manifestado contra la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial
El sindicato CSIF, mayoritario en el sector de Justicia valenciano, ha llevado a cabo, junto a SATJ, CCOO y UGT, concentraciones durante el día de hoy ante los partidos judiciales comarcales de la Comunidad Valenciana. Las protestas tienen como objetivo mostrar la oposición del funcionariado ante la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que tramita el Senado y que supone “una pérdida de derechos”.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) explica que las concentraciones se han desarrollado entre las 11 y las 11,30 horas de hoy y los trabajadores han participado con carteles contra la reducción de personal, la movilidad forzosa, el colapso o la politización de la justicia. En la provincia de Valencia las concentraciones se han producido en partidos judiciales como los de Gandia, Sueca, Alzira, Picassent o Paterna. En la provincia de Castellón la principal concentración se ha producido en Vila-real.
CSIF apunta que estos actos en las diferentes comarcas centran la segunda jornada de protestas de esta semana, que comenzaron ayer con concentraciones ante las ciudades de la justicia de las tres capitales provinciales y continuarán mañana con la misma medida. El viernes 16 tendrá lugar una huelga general y una protesta ante el Senado, en la que participarán numerosos trabajados de la Comunidad Valenciana.
La central sindical apunta que entre las medidas que contempla la reforma de la LOPJ se encuentra la prohibición de incremento de plantilla y de asignación de más medios materiales cuando se designe jueces de refuerzo, cese del personal interino de refuerzo en un plazo máximo de seis meses o, en caso de ausencia que no suponga vacante, sustitución transitoria del trabajador únicamente si se trata de personal titular y no si la ausencia afecta a personal interino.
La central sindical recalca que esta reforma, en la práctica, implica, entre otros efectos, que “la Administración reducirá drásticamente el nombramiento de personal interino, dejará puestos sin cubrir y sobrecargará de trabajo al resto de personal, además de generar incertidumbre sobre retribuciones complementarias y asignación de funciones y tareas”. El sindicato hace hincapié en que se trata de “una grave agresión a las condiciones laborales”.
La central sindical busca “frenar esta grave agresión” a las condiciones laborales de los trabajadores y se opone “a la movilidad forzosa, a la reducción de personal, a los descuentos por bajas y a la pérdida de garantías en los expedientes disciplinarios”. Del mismo modo reclama “la máxima transparencia en las oposiciones”.
