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El Ayuntamiento de Alzira ha aprobado una reforma de las ordenanzas rurales

  • Se necesitará una Guía Conduce o documento análogo para demostrar la procedencia de la fruta

  • Las sanciones se incrementan desde 60 euros hasta 3.000 euros

El Ayuntamiento de Alzira aprobó ayer por sesión plenaria una reforma de las ordenanzas rurales, con el objetivo de poder controlar el transporte de naranjas y su almacenaje. Esta propuesta ya la planteó el concejal de Agricultura, Enrique Montalvá, hace aproximadamente un mes al Consell Agrari, durante una de las reuniones que mantienen periódicamente.

Estos nuevos artículos de las ordenanzas rurales, que aplican la “Guía Conduce o Guía de Transporte”, afectan tanto al transporte de los cítricos por carretera como a los centros de almacenamiento.

El concejal de Agricultura, Enrique Montalvá, ha explicado: “Hemos hecho una reforma de la Ordenanza Rural porque existía una necesidad de actualizar la normativa que permita un mayor control del transporte de fruta por los caminos alzireños, así como el almacenamiento en los puntos de compra”.

Montalvá también ha destacado: “Hay que crear confianza a  nuestros agricultores pues ya bastante difícil lo tienen. Ellos se tienen que centrar en la producción y para ello debemos garantizar la seguridad y el control de los cultivos alzireños”. 

Esta iniciativa fue aceptada de buen grado por el Consell Agrari. Por lo tanto, tras elaborar la nueva normativa de manera consensuada fue aprobada ayer por el Pleno del Ayuntamiento.  

Mediante esta modificación de la Ordenanza Rural se prohíbe la circulación de fruta o productos del campo sin el documento que acredite su legítima procedencia, denominado Guía Conduce, de Transporte o de Circulación, cuyo contenido debe estar totalmente cumplimentado. Cabe destacar que esta prohibición afectará solo a cantidades superiores a los 20 kg.

Además, en el momento de la entrega en los puntos de destino de la mercancía transportada, el receptor debe exigir la guía de transporte correspondiente que acredite su procedencia.

El receptor de la mercancía realizará las anotaciones correspondientes en el dorso de la guía respecto a las entregas efectuadas y guardará en su poder las guías de las entregas que recibe. También anotará la fecha y hora en que se hace la entrega así como la cantidad recibida. Los mismos datos se deberán también reflejar en un libro que deberá mantenerse actualizado y que se guardará durante un plazo de cinco años.

Los receptores de los productos deberán guardar y custodiar durante un año las guías que se les entreguen. En el caso de que los receptores reciban alguna partida sin la correspondiente guía de transporte, deben dar cuenta inmediatamente al Ayuntamiento para que realice las comprobaciones oportunas y en el caso de que haya algún indicio que apunte a que la fruta tiene una procedencia ilícita, el Consistorio se pondrá en contacto directamente con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

También se hará una vigilancia y control, por parte de los agentes de la autoridad, en los puntos de destino, los puestos de compra y similares. Las empresas agroalimentarias deben tener a disposición de los agentes la documentación que permita comprobar la legalidad de su actividad comercial o industrial, su inscripción en el registro de Industrias Agroalimentarias de la Conselleria de Agricultura, pesca y Alimentación, así como las guías de transporte o circulación de aquella mercancía que hayan recibido.

En el caso de que alguna empresa agroalimentaria reciba productos agrarios de procedencia ilícita, lo pondrá en conocimiento de la autoridad judicial competente.

La Guía Conduce, que se cumplimenta por ambas caras, se puede solicitar en el departamento de Agricultura del Ayuntamiento del Alzira, donde también les podrán ofrecer más información al respecto.

Además de la Guía Conduce que permitirá más vigilancia para facilitar a los agentes de la autoridad un mayor control, otra de las medidas que se incluyen en la reforma de la Ordenanza Rural, aprobada ayer, es el importante aumento de sanciones, que pueden llegar incluso a los 3.000 euros de multa, mientras que anteriormente se contemplaba solo hasta los 60 euros.

Esta nueva normativa se pondrá en funcionamiento en el plazo de un mes desde su publicación en el BOP.

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