Alzira condenada a pagar más de un millón de euros por la gestión del polígono carretera de Albalat

El Ayuntamiento de Alzira va a tener que desembolsar 1.200.000 € en virtud de una sentencia condenatoria. Esta vez, también será consecuencia de un tema urbanístico, cuyas gestiones fueron realizadas bajo el anterior gobierno socialista.

Concretamente, fueron unas actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno municipal de la legislatura 1999-2003, el cual estaba formado por el PSPV-PSOE, el Bloc, EUPV y UV. La problemática surge con el PAI de urbanización del polígono industrial de la Carretera de Albalat.

Bastidas, quien ha dado cuenta de toda esta información en una rueda de prensa, ha resaltado “la diferencia en la forma de trabajar entre unos gestores y otros”, así como “las consecuencias funestas de la política de inactividad de los gobiernos socialistas que hoy en día continuamos pagando todos los alzireños y alzireñas de nuestros bolsillos”.

El problema arrancó en 1999 con la aprobación del PAI Carretera de Albalat. En aquel momento, se le adjudica a la empresa Urbanización Carretera de Albalat (UCA) la ejecución de las obras. Ésta inicia las mismas a los pocos meses, hasta que en octubre de 2002 las paraliza alegando dificultades que aparecen a instancia del Ayuntamiento. Algunos de estos problemas que la empresa adjudicataria alega, son la falta de suelo para proseguir, o que el propio Consistorio no está ejecutando a los propietarios las cuotas de urbanización correspondientes.

Finalmente, UCA solicita la resolución del contrato, siendo todavía alcalde el socialista Pedro Grande, puesto que no se regularizaron los distintos problemas que competían al Gobierno municipal. Además, la urbanizadora solicita en ese momento una indemnización por daños y perjuicios de más de 3 millones de euros.

Desde que la actual alcaldesa de Alzira, Elena Bastidas, accede a la alcaldía, se realizan numerosas gestiones para tratar de resolver el embrollo. En noviembre de 2003, a los pocos meses de gobierno del PP, se presenta una propuesta de convenio junto con los propietarios de los terrenos, con la que se pretende rebajar los altos costes de urbanización, y así al menos tratar de solucionar una parte del problema. La urbanizadora no acepta este nuevo convenio y es cuando el asunto es llevado a los tribunales.

Hace unos días, después de diferentes trámites procesales, el TS dictó una resolución en la que condenaba al Ayuntamiento al pago de 1.219.000 € más los intereses desde octubre de 2003 (más de 400 mil €). A fecha de hoy, el Ayuntamiento ya ha reembolsado unos 409 mil €, por lo que la cantidad que se adeuda asciende a 1.200.000 €. Cabe señalar que se trata de una sentencia firme sin posibilidad de recurso alguno.

Además, aparte del gasto que va a tener que salir de las arcas municipales para cumplir con el fallo, a esta cantidad habrá que sumarle la minuta de los abogados y la terminación de la ejecución de dicha obra, ya que continúa estando inacabada.

La máxima autoridad local lamenta que “después del gran esfuerzo realizado por la ciudadanía durante este último año y el superávit en el presupuesto, tengamos que destinarlo al pago de una nueva sentencia heredada de los gobiernos socialistas”.

Bastidas ha anunciado también, que el grupo municipal del PP va a exigir al PSPV en el próximo Pleno Municipal, que pida perdón a la ciudadanía, por las consecuencias originadas por la gestión de su partido cuando ostentaban responsabilidades de gobierno. “Se lo pediremos, por supuesto, a su portavoz en calidad de Secretaria General del PSPV en la Ciudad”, ha concluido Bastidas.