La Guardia Civil de Alicante interviene más de 300 kilogramos de pescado ilegal en Altea y Villajoyosa
Este tipo de inspecciones se llevan a cabo de forma regular con la intención de salvaguardar las especies
En esta ocasión, los infractores se enfrentan a sanciones de hasta 60.000 euros
El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Alicante ha intervenido un total de 330 kilogramos de pescado ilegal en sendas actuaciones, en dos puertos pesqueros de la provincia.
El pasado 15 de septiembre, en el marco del Plan Anual de Control Integral de Actividades Pesqueras (PACIAP) los agentes incautaron 180 kilogramos de pescadilla inmadura en Altea, cuando los infractores se disponían a venderlos. Se trataba de ejemplares especialmente pequeños, lo que supone un peligro muy significativo para la especie. Además, las partidas intervenidas carecían de trazabilidad, al no haber sido comercializados a través de la lonja, lo que implica que no habían pasado los correspondientes controles sanitarios. Tanto la captura como la comercialización de ejemplares inmaduros está prohibida. La pesca ilegal de este espécimen, responde a la alta demanda que existe entre los clientes del sector hostelero.
En segundo lugar, en Villajoyosa, fueron intervenidos tres atunes rojos que arrojaban un peso de 150 kilogramos. La mercancía fue localizada por los agentes en una actuación por la noche, en el interior de una embarcación. Los pescadores trataban de vender la mercancía a un comerciante mayorista.
La pesca del atún rojo, que es una especie protegida internacionalmente, requiere que la embarcación posea autorización a este efecto. En el caso de tener la pertinente autorización, debe disponer aún de cupo de atunes del total que se le haya permitido pescar ese año. La embarcación denunciada carecía de todo tipo de permiso para pescar atún.
Según la Ley 3/2001 de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado, la captura sin autorización y sin cupo del atún rojo, así como la comercialización de pescado inmaduro, son infracciones graves, y están castigadas con sanciones pecuniarias de hasta 60.000 euros.
Los presuntos autores ha sido denunciados ante la Delegación de Pesca Marítima de la Subdelegación del Gobierno en Alicante.
El pescado incautado ha sido entregado a centros benéficos para su consumo, tras pasar los controles sanitarios pertinentes.
