Almussafes, el primer municipio en recurrir ante el Constitucional la reforma de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad

Si en el pasado pleno ordinario, el Ayuntamiento de Almussafes acordó solicitar a la Generalitat Valenciana el mantenimiento o delegación de todas las competencias “impropias”, tras la aprobación por parte del Gobierno de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, en la sesión extraordinaria celebrada ayer martes, se adelantó de nuevo al resto de los municipios de la Comunidad Valenciana, al aprobar la propuesta de la alcaldía para la formalización del conflicto en defensa de la autonomía loca, sumándose así a la iniciativa impulsada por buena parte de los partidos de la oposición en el Parlamento Español para detener por vía judicial y a través de un recurso de inconstitucionalidad, la reforma de Régimen Local llevada a cabo por el Gobierno de la Nación.

Los tres grupos políticos con representación en el consistorio municipal (Bloc-Compromís, PP y PSPV) acordaron, por unanimidad, y en un pleno extraordinario convocado expresamente para ello, iniciar la tramitación para la formalización de un conflicto en defensa de la autonomía local ante el Tribunal Constitucional contra los artículos primero y segundo y demás disposiciones afectadas por la Ley del 27 de diciembre de 2013 de Racionalidad y Sostenibilidad de la Administración Local.

Para que este recurso surta efecto, es necesario que se sumen al mismo al menos una séptima parte de los municipios de España, es decir, 1.159 de los 8.116 ayuntamientos actuales, que represente a una sexta parte de la población, lo que se traduce en 7,6 millones de personas, en un acuerdo plenario por mayoría absoluta y antes del próximo día 28 de febrero. El consistorio de Almussafes ha hecho los deberes en este sentido y se ha convertido en pionero tanto en la comarca de la Ribera como en toda la Comunidad en aprobar el inicio del trámite, puesto que “las administraciones locales no tenemos legitimidad para realizar el recurso de inconstitucionalidad y nos hemos de unir para conseguirlo y en esta ocasión será el Ayuntamiento de Barcelona el que coordinará el proceso, dada su carga poblacional”, destacó el alcalde, Albert Girona, durante la sesión de ayer.

Con el planteamiento de esta fórmula de competencias ante el Tribunal Constitucional, los municipios se oponen a una norma que vulnera directamente los artículos 137 y 140 de la Constitución sobre el principio democrático en el ámbito local, obligándoles a revisar la actual estructura municipal y los servicios que se pueden prestar de acuerdo con el ámbito posible de actuación que delimita el nuevo marco competencial. Asimismo, se enfrentan a la dicotomía derivada de la obligación de cumplir la Ley, sin dejar de mantener los compromisos adquiridos con la ciudadanía, todo ello sin merma de la calidad de los servicios que se vienen prestando por los Ayuntamientos.

Durante la sesión, nacionalistas y socialistas compartieron argumentos para rechazar de pleno la nueva Ley de Régimen Local, al explicar que vulnera las competencias autonómicas y municipales, abre una puerta a la privatización de los servicios, supone una pérdida de empleo público, además de atentar contra las políticas sociales implementadas en las entidades locales, que son “las únicas administraciones que miran a los ciudadanos a la cara y a los ojos y, por lo tanto, las únicas que pueden solucionar sus problemas de forma efectiva”. Por su parte, desde el PP se defendió la reforma, “puesto que busca un control más exhaustivo del déficit excesivo, premia la buena gestión en aquellas localidades que estén saneadas y cumplan con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y evita la duplicidad de las competencias”, aunque se reconoció que perjudicaría a la calidad de los servicios que se prestan en Almussafes, “un ayuntamiento ejemplar en cuanto a su gestión”.

De hecho, las consecuencias de la aplicación de esta Ley serían desastrosas para los vecinos y vecinas de Almussafes, puesto que pese a tener censados en torno a 8.700 habitantes, por debajo del umbral de los 20.000, las políticas y los servicios municipales que se le prestan al ciudadano son comparables a localidades que le triplican en número de vecinos, como consecuencia de su elevado presupuesto. Pero la nueva normativa suprime el artículo 28 de la Ley de Bases y consiguientemente desaparecen las llamadas competencias impropias, es decir, aquellas no dotadas de una cobertura jurídica expresa que en el municipio se han venido ofreciendo desde la responsabilidad de dar un buen servicio y de calidad a la ciudadanía.

Por ello, en este momento, peligran el Centro Municipal de Formación de Personas Adultas, las políticas e iniciativas activas de Empleo de la Agencia de Desarrollo Local y el Plan Estratégico de Fomento del Empleo y los programas de Mujer, Juventud, Tercera Edad y Tiempo Libre. En el mismo sentido, el consistorio municipal quiere continuar sufragando los libros de texto y el transporte escolar al instituto, además de mantener las becas de comedor, de guardería y de idiomas, políticas todas ellas que han tenido implantación en el ayuntamiento en la medida en que han sido demandados por los vecinos.