El derribo del 167 dará paso a VPO para jóvenes y familias que acceden a su primera vivienda
Casanova lamenta que PSPV y Bloc no respalden la actuación que permitirá sanear un sector de la localidad
El texto del convenio señala que la nueva promoción, que contará de 60 viviendas, “se destinarán a residencia habitual y permanente del propietario, o en su caso, del inquilino. Se clasificarán como viviendas de protección oficial sujetas a alguno de los regímenes de protección regulados en el R.D. 2066/2008”.
El acuerdo contempla así el desarrollo de nuevos residenciales sujetos a la protección pública y con “régimen de precio general”, tal y como señala el texto. Una circunstancia que anula el carácter social que actualmente soporta el inmueble objeto de derribo y, por tanto, “otorga un carácter de protección oficial a las viviendas de modo que el acceso al mismo, regulado con un precio público general, se abre a jóvenes menores de 35 años, mayores de 65 años, familias que buscan su primera vivienda...”.
Vicente Casanova, alcalde de Almassora, ha lamentado que ni PSPV ni Bloc respaldaran ayer el convenio que el consistorio elevó ayer al pleno “ya que demuestra el escaso interés de ambos grupos por trabajar por el futuro y el progreso de nuestro municipio”. Claramente decepcionado, el primer edil lamentó que la oposición no respaldara en la sesión el acuerdo que mañana se suscribirá en Madrid entre el Ejecutivo central y la Generalitat Valenciana y, sin embargo, sí invitaran al alcalde a que firmara el documento “aunque no cuente con su respaldo”.
El alcalde lamentó la postura de ambos partidos y se cuestionó “qué nos hubieran dicho ustedes si un acuerdo de este calado no lo hubiéramos trasladado al pleno”. Justamente, el equipo de gobierno elevó el texto al pleno para que fuera avalado por la corporación, “porque creemos que se trata de un proyecto de futuro, que todavía puede recibir aportaciones, pese a que el Ayuntamiento es un mero interlocutor y sólo figura en el convenio como la institución que se encargará de agilizar los trámites y licencias”.
De hecho, el proyecto perfilado entre ambas administraciones ha sido definido y diseñado por el Instituto Valenciano de la Vivienda Sociedad Anónima (IVVSA), titular del grupo de viviendas y encargado de delimitar las características de una obra que ayer no respaldaron ni PSPV ni Bloc. “Creemos que es un error el que han cometido ambos grupos, y lo creemos porque éste es un proyecto de futuro, que permitirá resolver una problemática social histórica y les hacemos un flaco favor a nuestros vecinos con posturas de este tipo”.
Sigilo y trabajo
El sigilo y la prudencia que ha promovido la definición de este relevante acuerdo es el resultado de años de trabajo y reuniones, elaboración de informes por parte de Guardia Civil, Policía Local, Servicios Sociales... y sobre todo una labor callada que ha provocado que el pasado viernes, cuando a última hora de la tarde llegaba el convenio, ni siquiera era conocido por algunos miembros del equipo de gobierno del PP.
El primer edil lamentó que las demandas insistentes de los vecinos, “a quienes les habíamos transmitido en infinidad de ocasiones que estábamos trabajando para resolver esta situación, consigamos darles una respuesta efectiva, con el derribo de este inmueble y desarrollo del entorno, sin que el PSPV ni el Bloc respalden la medida”. De hecho, ambos grupos votaron ayer en contra de la urgencia de tratar el texto en el seno del pleno y el PSPV ratificó su negativa al documento si bien el Bloc varió su voto a la abstención.
Cabe señalar que la declaración del grupo de viviendas como Área de Renovación Urbana (ARU) permitirá desarrollar un proyecto a cuatro años dotado de 8.196.912,76 euros. Una inyección económica que permitirá dar solución a un inmueble que “se encuentra en avanzado estado de deterioro generalizado, tanto a nivel estructural, de saneamiento como de instalación eléctrica. Por todo ello y por el desproporcionado coste que ello conllevaría no se considera viable la rehabilitación de las viviendas”, tal y como indica el convenio que suscribirá mañana la Generalitat Valenciana y el Ministerio de Fomento.
