El CJC da la razón a Almassora en la resolución de las obras del trinquete
El pleno del Consell Jurídic Consultiu (CJC) de la Comunitat Valenciana aprobó ayer por unanimidad el dictamen favorable al Ayuntamiento de Almassora para la resolución del contrato administrativo de las obras del trinquete “por causa imputable a la empresa contratista”. El CJC entiende que “procede que la Alcaldía acuerde la resolución del contrato” formalizado el 8 de noviembre de 2017 y que “comportará la incautación de la totalidad de la garantía definitiva constituida en su día por la mercantil”.
Esta parte da la razón a Almassora en el conflicto con la empresa Tierra de Granada S.L. al considerar que la solicitud de la mercantil de resolver el contrato adjudicado “es infundada, que no existen circunstancias imprevistas en el proyecto de obras que se adjudicó” y que ahora “el contratista considera inviable económicamente al percatarse de la repercusión de la rebaja que ofreció en su momento del 11,33% del presupuesto de licitación”.
La alcaldesa, Merche Galí, aprobó el proyecto con un presupuesto base de licitación (IVA incluido) por importe de 899.526,48 euros en su resolución de 9 de agosto de 2017 y aprobó el expediente de contratación con las cláusulas administrativas y el pliego de condiciones técnicas para iniciar el proceso de licitación pública. Tras la publicación de los correspondientes anuncios se presentaron tres empresas y la mesa de contratación propuso la adjudicación a la firma que había realizado la oferta económica más favorable.
La adjudicación del contrato del principal proyecto de la Concejalía de Deportes, a cargo de Xavier Trenco, se produjo el 30 de octubre de 2017 por un importe de 659.181,92 euros más IVA por 138.428,20 euros y la formación tuvo lugar el 8 de noviembre “aceptando la empresa contratista cumplir el contrato adjudicado en todas sus partes”, entre otras, un plazo de ejecución de nueve meses.
“El representante de la empresa contratista solicitó la resolución del contrato de obras, en escrito de 19 de marzo de 2018, al haberse puesto de manifiesto circunstancias no previstas en el proyecto contratado”, señala el CJC. La contratista retiró el material auxiliar de las obras, desmontó y retiró el cuadro de la energía eléctrica de la obra y entregó el juego de llaves del vallado, según apunta el mismo documento.
La dirección de la obra emitió informe el 26 de marzo para considerar que “no existe ninguna circunstancia imprevista tras haber realizado una baja del 11,33%, resaltando que la paralización afecta a todo el proyecto, del que solo se ha ejecutado un 12,15%”. Por ello, la alcaldesa requirió a la empresa la reanudación de las obras y el desarrollo normal del contrato “con la advertencia de que en el caso de no atender el requerimiento se procedería a iniciar los trámites oportunos para resolver el contrato adjudicado”. Tras una nueva negativa del contratista, la Alcaldía abrió el procedimiento advertido.
La empresa se opuso con los mismos argumentos a la resolución culpable del contrato de obras y no compareció al trámite de audiencia habilitado. Por tanto, la instructora y la Secretaría municipal entienden, en su informe conjunto de 5 de junio, que procede resolver el contrato por causa imputable a la empresa contratista, lo que comporta la incautación de la garantía definitiva constituida. Así, un día después, la alcaldesa firmó el decreto para solicitar el informe del CJC, que ayer resolvió a favor del Ayuntamiento de Almassora.
