Almassora demanda a Europa el restablecimiento de los aranceles para proteger la producción citrícola autóctona
La declaración institucional emitida por el pleno aboga por reducir el período en el que la UE permite la importación libre de tasas de naranjas sudafricanas
El pleno del Ayuntamiento de Almassora ha emitido una declaración institucional ante la necesidad de instar a la Unión Europea a revisar el Acuerdo de Asociación Económica entre la Unión Europea, Sudáfrica y otros países africanos, que permite la entrada de cítricos exenta de tasas arancelarias hasta el 30 de noviembre. Los grupos han recordado que la fecha límite era, hasta este año, el 15 de octubre, y que la prolongación del periodo de importación sin carga afectará a la venta de la producción citrícola valenciana, que alcanza su punto cumbre entre los meses de noviembre y diciembre.
Asimismo, el texto del acuerdo hace referencia a la amenaza que supone una nueva plaga que afecta a la naranja, conocida como 'black spot'. La normativa de la Unión Europea referente a la sanidad vegetal establece que, ante la detección de 14 o más casos de esta infección, los países miembros tienen la obligación de cerrar la fronteras a las importaciones. En la declaración institucional, el consistorio almazorense hace constar que el número de casos detectados supera esa cifra e insta a la Unión Europea y al Gobierno de España a garantizar el cumplimiento de las normas fitosanitarias, además de a defender la concesión de ayudas para compensar económicamente a los agricultores citrícolas valencianos.
Los grupos municipales recogieron en esta declaración la oposición manifestada por las asociaciones agrarias a la ampliación del plazo para la importación sin tasas y la falta de protección ante la 'black spot'. Por estos motivos, el Ayuntamiento de Almassora solicitará ante la Unión Europea la creación de una línea de financiación para la reconversión de las plantaciones cuyas variedades puedan verse afectadas en mayor medida por el acuerdo firmado con los países africanos.
Tratado Trasatrántlantico de Comercio e Inversión
Durante la sesión plenaria, el equipo de gobierno manifestó su posición respecto a la defensa de los servicios públicos básicos, los cuales consideraron que se verán amenazados por ?los efectos económicos, sociales y jurídicos que pueda tener la aplicación del Tratado Trasatrántlantico de Comercio e Inversión (TTIP)?, tal como explicó la concejala de Servicios Sociales, Diana Belliure. La edil añadió que ?sólo cinco de los 29 capítulos conocidos de la negociación que se está llevando a cabo tratan propiamente sobre comercio, mientras que la mayoria se orientan a anular regulaciones en materia de alimentaria, ambiental, laboral y energética, con el fracking como máximo exponente?.
Por su parte, la concejala de Participación Ciudadana y Tranparencia, Merche Galí, apuntó al secretismo con el que se está llevando a cabo la negociación del acuerdo. ?Desconocemos los términos que se están tratando, cómo afectarán al día a día de los ciudadanos y quienes son los agentes negociadores que participan en el proceso?, manifestó la edil. Cabe recordar que el tratado pretende incrementar el comercio entre la UE y Estados Unidos, para lo que defiende la eliminación de las barreras arancelarias y aboga por la creación de un tribunal especial de arbitraje que actuaría en caso de conflicto entre los Estados y los inversores.
