Infraestructuras anuncia para enero la firma del contrato con la adjudicataria del Regina Violant
La firma del contrato entre la Generalitat Valenciana y la empresa adjudicataria de las obras del colegio Regina Violant de Almassora se producirá el próximo mes de enero. Es el compromiso que esta mañana ha trasladado el director general de Obras Públicas, Carlos Domingo, a la alcaldesa de Almassora, Susanna Nicolau, y a la concejala de Educación, María José Tormo, en una reunión de trabajo mantenida para abordar el calendario de tramitación.
Las representantes municipales se han desplazado a la Conselleria de Infraestructuras de Valencia a primera hora de esta mañana para reclamar la adjudicación y ejecución del edificio tras cerca de una década en aulas prefabricadas. En este sentido, el director general de Obras Públicas ha señalado que la mesa técnica ya se ha reunido para revisar el conjunto de las plicas que concurren al concurso público para ejecutar las obras. La mesa abordará a continuación las ofertas económicas.
El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana publicó en marzo el anuncio de licitación del colegio Regina Violant por un importe de 6.929.490,11 euros y un plazo de ejecución de las obras de 18 meses. Las 40 ofertas presentadas durante el periodo habilitado para el concurso público han supuesto un retraso en el proceso de adjudicación, un trámite por el que esta misma mañana se han interesado la alcaldesa y la responsable municipal de Educación.
Nicolau y Tormo han recordado a Domingo que alumnos y docentes han pasado una década en aulas provisionales, una circunstancia que pretenden atajar lo más rápido posible. El equipo de gobierno ha incidido en las reiteradas promesas de ejecución inminente de las obras y en el compromiso con la comunidad educativa con independencia de los colores políticos. “Siempre hemos estado al lado de la AMPA y de los alumnos y eso no va a cambiar”, mantiene el equipo de gobierno.
A la reunión de trabajo también ha asistido la concejala de Bienestar Social, Diana Belliure, tras citarse con el director general de Vivienda, Alberto Sanchis, para abordar el futuro del edificio número 167 de la avenida José Ortiz, el último bloque del conocido como Grupo B. La prioridad del consistorio pasa por realojar a los inquilinos y demoler un edificio que acumula años de degradación.
