Bonig confirma a Casanova que el derribo del 167 se incluirá en los presupuestos de 2012

 La consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, lsabel Bonig, confirmaba el pasado viernes al alcalde de Almassora, Vicente Casanova, un compromiso económico que permitirá ejecutar en el ejercicio 2012 el desalojo definitivo y derribo del edificio del 167 de la avenida José Ortiz. La máxima responsable autonómica contactó telefónicamente con el primer edil para trasladar, personalmente, el acuerdo adoptado por el Consell que supone un espaldarazo a un convenio suscrito el pasado 15 de diciembre entre Estado y Generalitat por el cual este sector era declarado Área de Renovación Urbana (ARU).

Casanova, en su entrevista del pasado 24 de agosto con la consellera del ramo se interesó, entre otros asuntos, sobre el estado del programa urbanístico y avance del mismo de acuerdo a los plazos establecidos en el convenio suscrito el pasado 15 de diciembre entre la entonces Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, y la secretaría de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas del Ministerio de Fomento.

Una consulta que obtenía respuesta esta misma semana “con la confirmación, por parte de la consellera, de que el ARU del edificio 167 de la avenida José Ortiz va a disponer de consignación presupuestaria en el ejercicio 2012”. “Somos conscientes de la envergadura del proyecto y de la difícil situación económica que atravesamos. Por ello, el hecho de que desde el Consell se haya avalado esta actuación constituye, sin lugar a dudas, el compromiso claro y evidente del Gobierno de Alberto Fabra con Almassora”, ha considerado el alcalde.

“Ahora, esperamos que el Estado también cumpla con su compromiso y reserve, en el ejercicio 2012, la cuantía económica que le corresponde para ejecutar el desalojo y demolición del 167”, ha señalado el alcalde de Almassora. Cabe señalar que el Gobierno central también financia parcialmente esta actuación que asume, en su mayor parte, el Instituto Valenciano de la Vivienda Sociedad Anónima, titular del inmueble sobre el que se pretende actuar con una inversión global de 8.196.912,76 euros.

Por porcentajes de financiación, el IVVSA asume el 47,92% de  la actuación, mientras que el resto de las cuantías son sufragadas por el Ministerio de Fomento, que aporta el 30,12% de la inversión, y la Generalitat Valenciana, que se encargará de abonar el 21,96% restante.

“Somos conscientes de que nos encontramos en una situación económica complicada, tanto para la Administración local, como para la autonómica y también para el Estado. Sin embargo, el Consell de Alberto Fabra ya nos ha trasladado su compromiso firme de contemplar en 2012 una inyección económica para ejecutar la obra y ahora esperamos que el Estado haga lo propio”, ha considerado el alcalde de Almassora.

Acabar con un gueto
Almassora cuenta desde el pasado 15 de diciembre de 2010 con un inmueble, el número 167 de la avenida José Ortiz, declarado Área de Renovación Urbana a través de un convenio entre el Estado y la Generalitat Valenciana. El acuerdo, ratificado por el alcalde en Castellón el 28 de diciembre de 2010, pretende dar solución a  un edificio que ha sido escenario de conflictos sociales y marginalidad hasta convertirse en un gueto. Situado en las inmediaciones de los grupos Pío XII y Fátima, “el proyecto que se suscribió el pasado año abría las puertas a una solución de futuro para nuestra población, al fin de esta problemática”.

“Nos encontramos con las posturas incomprensibles de PSPV y Bloc, que no respaldaron la firma del proyecto”. Sin embargo, ha apostillado el alcalde, “más allá de los intereses políticos que pudieran motivar estas posiciones, nosotros seguimos defendiendo los intereses de nuestra localidad”. Por ello, “ahora esperamos que tras la confirmación del Consell, el Estado asuma su parte de compromiso para 2012 y permita el desarrollo de esta actuación que, sin lugar a dudas, marcará un antes y un después en la historia de Almassora”, ha declarado Casanova.

Cabe señalar que el convenio suscrito a tres bandas y en el que el consistorio únicamente tiene carácter de mediador, contempla el desalojo del inmueble, su posterior derribo y la construcción de viviendas de VPO en la zona. En este sentido, el pleno del Ayuntamiento de Almassora, en su sesión plenaria del 1 de agosto, acordó dar un paso más para agilizar la demolición del complejo de viviendas con una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que pretende consolidar un único inmueble abierto, abandonando la manzana cerrada que estaba prevista anteriormente. De este modo, el edificio que se construirá tras el derribo será de diez plantas, cinco más que las actuales, y ocupará el 50% de la superficie sobre la que se asienta actualmente. En definitiva, ha apostillado el alcalde de Almassora, tendrá las mismas características que otro inmueble que se sitúa justamente al lado.