Almassora no posee viviendas amenazadas de derribo en su litoral
Costas ratificó el 11 de febrero al alcalde, Vicente Casanova, que en el supuesto de ejecutar el paseo marítimo, ninguno de los inmuebles en zona de servidumbre resultarían afectados
Las casas situadas en primera línea de costa en el distrito marítimo de la localidad “ocupan zona de servidumbre, no zona de dominio público marítimo terrestre, como ocurre en otras localidades costeras, como es el caso de Nules”. De hecho, el alcalde de Almassora, ha recordado las declaraciones de su homólogo en esta localidad de la Plana Baixa, “quien reconoció que ojalá la situación de su municipio fuera la de Almassora, ya que en nuestro caso, ninguna vivienda va a resultar demolida por la aplicación de la ley”.
Una medida extraordinaria comprometida por la ex directora general de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, Alicia Paz, el 18 de diciembre de 2008 en Madrid, y que se mantiene tal y como transmitió Velasco a Casanova en la reunión del viernes 11 de febrero de 2011. “El estudio, presentado posteriormente por la Jefatura Provincial de Costas, contemplaba que, efectivamente, en caso de construirse un paseo marítimo, este no derribaría ninguna de las casas existentes”. Una situación que difiere de las circunstancias de otras localidades costeras de la provincia de Castellón donde “las viviendas ocupan el dominio público marítimo-terrestre, no así en Almassora, donde se ocupa la zona de servidumbre”.
En este sentido, el alcalde ha invitado al Bloc a realizar una “oposición responsable” y “no engañar a los ciudadanos, puesto que, en Almassora no se prevé la demolición de ninguna vivienda”. El alcalde ha lamentado que se utilice “un proceso como este con fines electoralistas, puesto que lo que el Bloc solicita, evitar su derribo, ya se ha conseguido”.
El alcalde ha recordado que “cuando el Bloc gobernó, en el mandato 1999-2003, tuvo la oportunidad de proteger estos inmuebles declarándolos Bien de Relevancia Local e incluirlos en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos de la localidad”. “No lo hicieron, y ahora, a menos que nos lo demuestren, la situación de estas viviendas no ha variado respecto a su etapa de gobierno, cuando PSPV y Bloc gobernaban en coalición, y los nacionalistas ostentaban la cartera de Cultura y Patrimonio”.
Este expediente no contempló las edificaciones “que ahora el Bloc solicita incluir. Curiosamente el mismo partido que gestionó la aprobación de este Catálogo en el año 2002 y que lo aprobó sin contemplar la protección de las viviendas. ¿Entonces no fue necesario y ahora sí? ¿Se han producido cambios que justifiquen esta inclusión? Ciertamente, o solo les mueve el interés electoral o no entendemos que ahora exijan algo que en su momento ellos no hicieron”.
¿Catálogo a la carta?
Cabe señalar que el Catálogo municipal de Bienes y Espacios Protegidos de Almassora se sometió a exposición pública el 17 de agosto de 2001 y el 9 de agosto de 2002 se acordó en el pleno su aprobación provisional. “El documento, encargado al Colegio Territorial de Arquitectos de Castellón, definió aquellos bienes y espacios que merecían una calificación y protección específica”. En opinión de Casanova, “si fueron unos y no otros, entendemos que no fue una cuestión de voluntades, de establecer un catálogo a la carta, sino de criterios específicos y valores arquitectónicos clave que merecían su protección”.
Así las cosas, “no entendemos cómo ahora el Bloc plantea modificar este Catálogo que entendemos debe basarse en hechos objetivos, y no de oportunidad, y creemos que desde la aprobación de este expediente a la actualidad, no se han producido cambios que merezcan esta protección. Si no es así, esperaremos a que nos los presenten”, ha señalado el alcalde.
Otros puntos
Cabe señalar que el Ayuntamiento de Almassora, además de debatir este punto en el apartado de mociones del pleno ordinario, también tiene previsto aprobar una modificación de créditos y debatir la proposición de alcaldía para concertar una operación de crédito a corto plazo para por importe de 800.000 euros. “Se trata de un crédito puente que, al igual que el resto de préstamos aprobados durante el primer trimestre, tiene por objetivo otorgar liquidez al consistorio para afrontar las obligaciones de pago mensuales hasta que el consistorio inicie el cobro de impuestos municipales y disponga de liquidez propia”.
