Almassora instará al Gobierno a eliminar la tasa de reposición de efectivos en la función pública
La oferta de contratación laboral por parte de la administración ha caído un 90% en la provincia de Castellón desde 2008
El pleno del Ayuntamiento de Almassora aprobó en la sesión de ayer lunes una moción presentada por Compromís y PSPV en la que los grupos instan al gobierno central a eliminar la tasa de reposición de efectivos de la función pública, marcada por el Real Decreto-Ley 20/2012, que impide la contratación de personal para cubrir puestos vacantes como consecuencia de jubilaciones o cualquier otro motivo. Tal como asegura la moción, "este planteamiento político sólo ha conseguido reducir la calidad y los servicios a los ciudadanos", por lo que los grupos plantean "un cambio urgente en la legislación que permita cubrir vacantes, reducir interinidades y garantizar la prestación de servicios públicos".
La moción salió adelante con el apoyo de todos los grupos municipales excepto el del Partido Popular, que se abstuvo durante la votación. Según los datos aportados por los grupos proponentes, "desde el inicio de la crisis, las políticas contrarias a la intervención pública han supuesto, solo en la Comunidad Valenciana la reducción de la oferta en 1.000 puestos de trabajo al año". En la provincia de Castellón, la oferta ha pasado de 378 ofertas de ocupación pública en 2008 a únicamente 39 en 2013. Esta caída del 90% coincide, como explica la moción, con la primera aplicación de una tasa para reducir la reposición de efectivos en 2010, que se reflejó en los Presupuestos Generales del Estado de ese año.
Para Diana Belliure, portavoz del grupo municipal Compromís, "las administraciones locales sufren de manera especialmente acusada estos controles, alentados desde las Delegaciones del Gobierno". Belliure asegura que "Ayuntamientos como el de Almassora están al límite de su capacidad de absorción de trabajo y, tras años sin poder amortizar los puestos perdidos, la situación acabará afectando más si cabe a la prestación de servicios públicos".
El bloqueo a la contratación de personal fuerza a las administraciones a "recurrir a empresas privadas, que implican un mayor coste y suponen, en muchas ocasiones, la reducción de la calidad de los servicios", argumentó el portavoz socialista, Santiago Agustí. El acuerdo será remitido al Ministerio de Hacienda en los próximos días, una aportación que el equipo de gobierno confía que sirva para "revertir la situación que sufrimos, favorecer la creación de ocupación pública y mejorar los servicios a las personas".
