UPyD solicita a la Generalitat Valenciana que levante la paralización en la tramitación de los expedientes de Incapacidad

Fernando Llopis, concejal y portavoz de UPyD en el Ayuntamiento de Alicante, afirma que “la Generalitat Valenciana tiene paralizados desde principios de verano la tramitación de los expedientes de solicitud y prórroga de las incapacidades”.

Desde la formación indican que en la actualidad, la Generalitat Valenciana, está recibiendo diariamente unos 150 solicitudes correspondientes a la provincia de Alicante. “Sin embargo tiene los mismos recursos que hace unos meses, cuando recibía como mucho cinco expedientes al día, lo cual está ocasionando una saturación en este servicio” afirmaba Llopis.

Además de la saturación exitente por el aumento del número de expedientes, se une a que desde julio la Generalitat ha trasladado la instrucción de paralizar la tramitación de todos estos expedientes, según ha sabido en Unión Progreso y Democracia, “lo cual hace que haya en la propia oficina, bloques de carpetas llenas de expedientes sin tramitarse” comentaba el concejal en el consistorio alicantino.

Nos encontramos con una situación que afecta directamente a los más desfavorecidos. “Precisamente a aquellos que más deberíamos proteger y que la Generalitat gobernada por el PPno parece tener la sensibilidad suficiente, ni la capacidad para gestionar” afirmaba Llopis.

Según la formación magenta el retraso en la gestión y tramitación de estos expedientes incide directamente en la economía de los discapacitados, ya que no pueden acceder a la reducción en los fármacos que necesitan y que por ley les corresponde. Fernando Llopis indicaba que “como si el recortar en esta cuestión fuera la solución a los problemas económicos que tiene la Comunidad Autónoma Valenciana”.

Desde Unión Progreso y Democracia solicitan que se retire la orden de paralización de estos expedientes, “que se dediquen temporalmente, y hasta que se solucione la saturación existente, los recursos que sean necesarios, tanto humanos como de cualquier otra naturaleza, para que los discapacitados que han tramitado la solicitud de incapacidad o prórroga, puedan ejercer sus derechos como ciudadanos y no se vean perjudicados económicamente” finalizaba Llopis.