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UPyD insta al Consell a no dejar sin beca de comedor a 260 niños de Alicante

  • Llopis: “Los caprichos del PP no deberían pagarse con los impuestos de los contribuyentes"

Unión Progreso y Democracia en la Comunitat Valenciana insta al Consell a no dejar sin beca de comedor a 260 alumnos del Centro de Actuación Singular (CAES). Los niños pertenecen a familias con pocos recursos y la ayuda económica les permite pagar cinco euros al mes a cambio de que sus hijos coman una vez al día en el colegio.

La formación magenta alerta sobre esta situación que se agrava todavía más con la crudeza de la crisis y exige a la Conselleria de Educación que apremie el pago de 180.000 euros que debe a la empresa que presta este servicio. Para el coordinador territorial, Romain Muzzati, “esta situación se repite con otros colectivos profesionales: farmacéuticos, abogados de oficio o maestros. El Gobierno de Fabra no paga porque no tiene dinero en la caja, nadie le presta porque no se fían de la Generalitat y el colmo es que los problemas financieros acaban pagándolos los más débiles”.

Muzzati destaca que “una vez más queda demostrada la política social del PP. No sirve que la consellera de Educación diga que ahora pagará 19.000 euros de lo que debe a la empresa, porque dentro de unos días volverá a engañar e impondrá otro calendario de pagos. ¿Para qué queremos una cafetería de lujo en Les Corts si no podemos costear la comida de los alumnos en el colegio?”, plantea.

En este sentido, UPyD recuerda que sí hubo dinero y abundante para terminar la cafetería de lujo de Les Corts por valor de 1,82 millones de euros y que cuesta mantenerla abierta 568 euros al día, entren o no comensales. Para el concejal de UPyD en el Ayuntamiento de Alicante, Fernando Llopis, “los caprichos del PP no deberían pagarse con los impuestos de los contribuyentes. Lo fundamental es apuntalar el Estado del Bienestar, básico para evitar un desplome de la clase media y la total exclusión de los menos favorecidos. Parece que Fabra y su equipo siguen sin tenerlo claro. Es más, no nos vale que nos digan que los retrasos son por un problema administrativo. Eso no se lo cree nadie. Queremos una explicación convincente”, concluye Llopis.

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