El Pleno refrenda la declaración institucional en apoyo de la libertad de enseñanza y contra el sectarismo de la ley Celaá
El equipo de gobierno municipal saca adelante el texto institucional con 16 votos a favor y 13 en contra
El pleno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado, a propuesta del equipo de gobierno (Populares y Ciudadanos), una Declaración Institucional que insta al Gobierno de España a retirar la reciente aprobada Ley Orgánica Educativa (LOMLOE), conocida por el nombre de la ministra de Educación que la ha propuesto como Ley Celaá. Entre otras cuestiones, en la declaración se rechaza la supresión del castellano como lengua vehicular en la enseñanza y haber sido elaborada de espaldas al propio sector educativo.
La iniciativa propuesta por el equipo de gobierno ha contado con 16 votos a favor de Populares (9), Ciudadanos (5) y Vox (2) y con los 13 votos en contra de PSOE (9), Unidas Podemos (2) y Compromís (2). Ha salido adelante, por tanto, la Declaración, conocida como Ley Celaá.
En el Pleno han intervenido contra diversos postulados de la Ley Celaá portavoces de la CONCAPA y del Consejo Español para la Defensa de la Incapacidad y la Dependencia.
Mari Carmen de España y María del Carmen Sánchez, concejalas y portavoces de los grupos municipales Popular y Ciudadanos, respectivamente, suscribieron la Declaración Institucional por la que instan al Gobierno de España a la retirada del proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
El texto municipal que ha salido adelante, aunque han votado en contra PSOE, Compromís y UP, recoge que el proyecto de Ley Orgánica del Ejecutivo de Pedro Sánchez “es una aberración”. Según relatan ambas portavoces, el aludido proyecto “elimina” el derecho “de los padres a decidir el centro para sus hijos de acuerdo con sus convicciones”.
Recortes de libertades
La Declaración anota que la iniciativa parlamentaria de PSOE y UP “elimina en un periodo de 10 años los centros de educación especial, abogado por que los niños con necesidades educativas especiales sean formados en los centros ordinarios”.
Las dos portavoces reseñan en el documento que el proyecto aludido sobre Educación “atenta contra la libertad de cátedra y enseñanza del profesor, puesto que será el claustro de profesores el que decida si los alumnos pasan de curso o no con asignaturas suspendidas, rebajando también el nivel de exigencia académica”.
PSOE y UP, contra el castellano
Los grupos municipales de PP y Cs entienden en la Declaración que el Gobierno presidido por Pedro Sánchez persigue, además, “suprimir el castellano como lengua vehicular en la enseñanza y eliminar la referencia a la oficialidad de la lengua castellana que consagra nuestra Constitución en su artículo 3”.
El Gobierno de España y la ministra de Educación, Isabel Celaá, con esta ley “satisfacen a los partidos separatistas de cara a asegurar su voto favorable para la próxima aprobación de los Presupuestos generales del Estado”, según se ha indicado en el Pleno.
La Declaración aprobada por el Pleno de Alicante se trasladará al presidente del Gobierno, a la ministra de Educación y a los portavoces de los grupos políticos de las Cortes.
