Las Concejalías de Medio Ambiente y Servicios Sociales del Ayuntamiento rechazan el Proyecto de Ley sobre pobreza energética
El Ayuntamiento de Alicante se suma junto a otras grandes capitales del estado al rechazo al borrador de la Ley sobre pobreza energética impulsado por el gobierno del Partido Popular, Proyecto de Real Decreto por el que se regula el consumidor vulnerable de energía eléctrica, el bono social, y las condiciones de suspensión del suministro para consumidores con potencia contratada igual o inferior a 10KW, por considerar que beneficia a las grandes empresas del sector eléctrico perjudicando gravemente a consumidores y pequeñas y medianas empresas.
El Concejal de Medio Ambiente, Víctor Domínguez y la edil de Servicios Sociales, Julia Angulo, denuncian que el Proyecto de Ley se ha realizado sin tener en cuenta a los Ayuntamientos y Comunidades Autónomas que en sus ordenamientos han incorporado el “principio de precaución”. “Tampoco a las personas – continúan los ediles -, cuyos criterios para acceder a las ayudas son tan restrictivos que parece que el gobierno tiene como último objetivo esconder el problema de la pobreza energética, situando a las compañías eléctricas como sujeto beneficiario final en el sistema y financiación del bono social y en la detección del consumidor vulnerable”.
Víctor Domínguez indica que “en este borrador deben establecerse índices de consumo básico por área climática atendiendo a la diversidad real de las familias en la actualidad”. Además, añade Domínguez, ha calificado de abuso el hecho de que las empresas distribuidoras propietarias de la red tengan una potencia contratada de 175.000 MW en todo el país, cuando la capacidad de la red es de 108.000MW. Debe de darse una solución real al hecho de que 67.000MW que están siendo cobrados de más”.
Por su parte, la concejala de Servicios Sociales asegura que no se debe tratar como algo “normal” los cortes de suministro energético a personas en situación de vulnerabilidad y vulnerabilidad severa. “La aplicación del bono social debe ser competencia de las comercializadoras eléctricas, de manera que ningún persona, quede excluida”, apunta. Además, añade Angulo, “la protección a las compañías eléctricas mediante el concepto de consumidor en riesgo de exclusión hace que el pago de la factura pase a los Ayuntamientos sin presupuesto para hacer frente a estos pagos gracias al excelente trabajo del señor Montoro”.
Por último, desde el Ayuntamiento de Alicante se quiere hacer hincapié en que “el proyecto no respeta el sistema de competencias establecido en la Constitución, lo que trae como consecuencia la alarmante laguna de desprotección que sufren los y las consumidoras que viven solas.
