El Ayuntamiento aprobará un convenio de colaboración con el ilustre colegio provincial de abogados de Alicante para asesoramiento jurídico en ejecuciones hipotecarias de vivienda habitual
La Junta de Gobierno Local tiene previsto aprobar en su reunión del próximo lunes, 25 de febrero, la suscripción de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Alicante y el Colegio Provincial de Abogados de Alicante, que tendrá por objeto la prestación de asesoramiento jurídico en asuntos civiles relacionados con ejecuciones hipotecarias de vivienda habitual. El servicio se enmarca en el programa municipal de asesoramiento y mediación en conflictos hipotecarios y de arrendamientos de viviendas, que surgió tras la moción conjunta aprobada por todos los grupos municipales en el pleno del 30 de noviembre de 2012 en relación a la adopción de medidas de competencia municipal en materia de desahucios.
Entre estas medidas, se incluye una Oficina Municipal de asesoramiento al ciudadano en materia de desahucios, que atienda consultas y gestiones de personas en riesgo de perder su vivienda. Se ubicará en el edificio municipal El Claustro. También se contempla la creación de la Oficina de Intermediación Municipal entre las personas afectadas por esta problemática y las entidades bancarias y propietarios de viviendas en alquiler, al objeto de colaborar para evitar desahucios y de fijar alquileres sociales.
Todo ello está incluido en el Programa Municipal de asesoramiento y mediación en conflictos hipotecarios de viviendas, que surge fruto de la colaboración entre la Concejalía de Acción Social y el Patronato Municipal de la Vivienda. El convenio con el colegio profesional permitirá que dos letrados estén presentes dos días por semana para intermediar y asesorar a las personas y familias que se encuentran en alguna de las situaciones de conflicto bancario de manera gratuita, frente a las entidades bancarias con las que han concertado el crédito. Los letrados facilitarán la información necesaria sobre las formas y posibilidades de abordar las dificultades de pago de la hipoteca que grava su vivienda o domicilio habitual. El objetivo es encontrar soluciones acordadas entre el deudor y la entidad bancaria para aquellas situaciones que tienen perspectiva de mejorar, o que, con determinados cambios en la relación, puedan conseguir soluciones efectivas que no deriven en una ejecución hipotecaria. En definitiva, los letrados prestarán el servicio encaminado a plantear medidas correctoras que eviten la iniciación de los procesos de ejecución, así como la negociación de medidas alternativas que faciliten la conservación de la vivienda y eviten los lanzamientos.
El Consistorio entregará para el funcionamiento del servicio la cantidad de 5.000 euros durante el año de vigencia del convenio, y promoverá y difundirá el servicio que presta la oficina además de facilitar los medios materiales necesarios y personales para el buen funcionamiento del servicio. También se compromete el Ayuntamiento a informar a las entidades bancarias sobre la Oficina y su funcionamiento.
El programa municipal busca ir más allá de la información y el asesoramiento. Persigue intervenir de modo activo en este proceso para lograr la solución del problema, sea mediante la negociación de condiciones con las entidades de crédito que permitan la permanencia del afectado en su vivienda, o bien, en los casos extremos en los que se llegue al lanzamiento tras el expediente de desahucio hipotecario, a través de la consecución de una vivienda alternativa en alquiler. Los letrados se sumarán al personal del Patronato Municipal de la Vivienda y del Programa Municipal de Intermediación Social Inmobiliaria, que, con el apoyo de la Asesoría Jurídica Municipal y de Servicios Sociales municipales, conforman el equipo humano que prestará el servicio.
