El equipo de gobierno municipal exige a Pedro Sánchez la suspensión inmediata de la regla de gasto para 2020 y 2021
Populares y Ciudadanos califican de ‘insuficiente’ un Real Decreto que no incluya los 5.000 millones para los ayuntamientos y 1.000 para el transporte público urbano”
El Ayuntamiento de Alicante exigirá al Gobierno de España, y en concreto a la Ministra de Hacienda, que elabore de manera inmediata el nuevo Real Decreto-ley anunciado mediante el que se suspende la regla de gasto para 2020 y 2021. Del mismo modo, reclamará que el Gobierno apruebe los fondos de ayudas incondicionados de 5.000 millones de euros y el específico para el rescate del transporte urbano de 1.000 millones de euros, ambos incluidos en el acuerdo consensuado por todas las fuerzas políticas, incluido el Partido Socialista, en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
La iniciativa se llevará al próximo pleno municipal, del 28 de octubre, en una declaración institucional a propuesta del equipo de Gobierno, formado por los grupos Popular y Ciudadanos, suscrito por portavoces, Mari Carmen de España y Mari Carmen Sánchez, respectivamente.
En el texto de la declaración se señala que la pandemia ocasionada por la COVID-19 ha tenido unas graves repercusiones financieras en las cuentas de las entidades locales de España. Ante esta imprevisible situación, la FEMP aprobó el pasado mes de abril una declaración institucional y el documento “Medidas económicas extraordinarias para paliar los efectos económicos del coronavirus” por medio de este documento, aprobado también por este Pleno de manera unánime, se urgía la necesidad de recibir ayudas del Estado y de la Unión Europea para poder mantener los servicios públicos y la atención social municipales.
Asimismo, se apunta que el pasado 5 de mayo tuvo lugar una videoconferencia con los alcaldes de las 15 ciudades más grandes de España, en la que participó el alcalde de Alicante y en la que unánimemente se acordó exigir al Gobierno central un fondo de 5.000 millones de euros incondicionado a repartir entre todos los ayuntamientos y otro destinado a paliar el déficit del transporte urbano de 1.000 millones (este fondo fue reclamado al Gobierno por este Pleno mediante declaración institucional aprobada por unanimidad el pasado mes de junio).
En esta línea, también se recuerda que el 22 de mayo, la Junta de Gobierno de la FEMP aprobó por unanimidad el documento “Pilares para la reactivación económica y social de la administración local” en el que volvían a reivindicarse de nuevo las medidas solicitadas.
De España y Sánchez señalan al respecto que “sin embargo, el Consejo de Ministros, aprobó el 4 de agosto, el Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales que mantenía los aspectos más lesivos del acuerdo rechazado por la mayoría de los miembros de la FEMP y que incluso modificó las condiciones pactadas con los alcaldes socialistas de la FEMP el mismo día”.
“El Gobierno nos ofrecía a las entidades locales un fondo de 5.000 millones de euros totalmente condicionado puesto que, solamente se repartiría entre aquellas que previamente entregasen al gobierno durante 15 años la totalidad de sus remanentes de tesorería para gastos generales a 31/12/2019”, comentan.
“A cambio de que le cediésemos todos los ahorros municipales, los ahorros de nuestros vecinos, el Gobierno nos ofrecía un fondo -que suponía solamente una pequeña parte de esos ahorros- que deberíamos emplear únicamente en las actuaciones definidas por el gobierno en el propio Real Decreto-ley 27/2020” apuntan en la declaración.
“Este Real Decreto-ley que no respondía a nuestras necesidades y peticiones, excluía al mundo rural y las entidades locales que han cerrado 2019 con Remanente de Tesorería negativo, destruía la autonomía local reconocida en la Constitución y suponía un chantaje inaceptable a todos los Ayuntamientos y Diputaciones de nuestro país, fue rechazado de manera contundente por la mayoría de fuerzas políticas del Congreso de los Diputados el pasado 10 de septiembre (156 votos a favor frente a 193 en contra)”.
En la declaración se recuerda que con esta situación, la cámara que representa a todos los españoles no hizo sino rubricar el profundo rechazo que este Real Decreto-ley suscitaba en la inmensa mayoría de alcaldes y presidentes de diputación, cabildos y consells insulares de España.
Decreto insuficiente
Tras el rechazo al Real Decreto-ley, y tras haber afirmado reiteradamente la Ministra de Hacienda que no había alternativa, el Gobierno de España ha rectificado y anunciado un nuevo Real Decreto-ley que además de llegar tarde es insuficiente, señala la declaración.
“Es insuficiente porque, según lo anunciado por el propio Ministerio de Hacienda, este nuevo Real Decreto-ley pese a suspender las reglas fiscales para 2020 y 2021 demostrando que sí que había un Plan B, y que ante situaciones extraordinarias pueden adoptarse medidas extraordinarias, no incluirá dos fondos esenciales que han venido reclamando las entidades locales españolas desde hace meses: el fondo de 5.000 millones de euros incondicionado para todas las entidades locales y el fondo para paliar el déficit del transporte público urbano cifrado en 1.725 millones de euros” argumentan.
