Alicante y Aguas garantizan agua y saneamiento para las familias más vulnerables
El convenio renueva el Fondo Social de 500.000 euros, beneficiando a más de 1.500 familias alicantinas.
El Ayuntamiento de Alicante ha aprobado este martes en Junta de Gobierno la segunda prórroga del convenio con Aguas Municipalizadas de Alicante, destinada a la gestión del Fondo Social de la tarifa del agua y alcantarillado para el ejercicio 2025. Este Fondo Social, dotado con 500.000 euros anuales, beneficia a más de 1.500 familias en situación de vulnerabilidad.
La concejala de Bienestar Social, Begoña León, ha subrayado la importancia de este recurso para la población alicantina más desfavorecida: “Son miles de personas en situación de vulnerabilidad las que cada año se benefician de este fondo social, que garantiza que puedan acceder a un suministro esencial y de primera necesidad como es el agua potable”. León también agradeció el compromiso de Aguas Municipalizadas de Alicante en su colaboración con los Servicios Sociales del Ayuntamiento para ofrecer apoyo a las familias más necesitadas.
¿Qué cubre el Fondo Social?
Este fondo está destinado a cubrir los costes relacionados con:
- Facturas del suministro de agua potable y alcantarillado: Se financia el 100 % del importe.
- Reparaciones y adecuaciones de instalaciones de agua: Se subvenciona el 75 % de las facturas, con un límite máximo de 3.000 euros.
El programa está dirigido a personas en riesgo de exclusión social y comunidades vecinales vulnerables, incluidas aquellas que reciben atención del Servicio de Mediación, Intervención y Asesoramiento Jurídico del Ayuntamiento en la Zona Norte de Alicante, en barrios como Colonia Requena, Juan XXIII, Virgen del Remedio, Nou Alacant-Sidi Ifni, Paz San Evaristo y 400 Viviendas.
Para acceder a estas ayudas, es necesario cumplir unos requisitos específicos y disponer de informes favorables de los Servicios Sociales municipales.
Una gestión social del agua con impacto
El Fondo Social de Aguas de Alicante, impulsado hace más de una década, ha permitido establecer un modelo de gestión que protege a los colectivos más desfavorecidos, mejorando su calidad de vida.
El actual convenio, aprobado el 7 de febrero de 2023, tiene una duración inicial de un año y contempla hasta cuatro prórrogas anuales. La segunda prórroga, que ahora se extiende del 26 de enero de 2025 al 25 de enero de 2026, refuerza este compromiso de colaboración para garantizar el acceso al agua como derecho fundamental.