El PP exige al alcalde la suspensión cautelar del edil responsable de los funcionarios imputados en el caso de la presunta extorsión del mercadillo
Ante la gravedad de los hechos ocurridos, con la presunta extorsión realizada por dos funcionarios municipales a un autónomo de la venta ambulante, la presidenta del Partido Popular y candidata a la alcaldía, Maite Huerta, ha exigido al alcalde, el socialista Vicente Arques, a que ofrezca inmediatamente explicaciones sobre lo sucedido y le ha instado la inmediata suspensión cautelar del edil delegado, Vicente Soler Soler, hasta que se aclaren los hechos.
En unas grabaciones a las que ha tenido acceso el Partido Popular y que han sido reproducidas parcialmente por un medio de comunicación provincial se escucha como el vendedor ambulante le pide al funcionario tiempo para reunir el dinero. El funcionario le contesta con frases como: “No depende de mí, para mí esto me supone un problema (…) Creo que he hecho una cosa buena por ti, porque yo de ahí no me saco nada (…) Yo esto me lo quiero quitar de encima (…) Es una oportunidad que tienes ahí”, se escucha en la grabación.
De la conversación se puede interpretar que el funcionario imputado no obraba por cuenta propia y que como afirma en la grabación no dependía de él la operación. Para la concesión de una licencia de venta ambulante en el municipio de L’Alfàs del Pi el concejal delegado del área tiene que presentar un informe y una propuesta firmada por él a la Junta de Gobierno Local, quien es quien finalmente autoriza la concesión con la firma del alcalde.
Este requisito administrativo determina que el concejal delegado, Vicente Soler Soler, debe de tener toda la información al respeto, además de ostentar la responsabilidad de conocer todas las nuevas altas de vendedores autónomos que ofrecen sus productos en los mercadillos públicos del municipio.
Se da el agravante que el mismo edil es igualmente el responsable del departamento encargado del cementerio, donde también fue denunciada una extorsión a una ciudadana por parte del funcionario responsable del Campo Santo.
La operación ha sido desplegada por la Guardia Civil y presuntamente los funcionarios extorsionaban a los titulares de los puestos de venta ambulante con la petición de importantes cantidades de dinero, hasta 2.000 euros, a cambio de facilitarles y agilizarles la licencia definitiva para instalar sus puestos en los mercadillos de L’Alfàs.
La candidata del Partido Popular también ha solicitado al primer edil que se le mantenga el puesto al mercadillero presuntamente extorsionado y que se le otorgue la licencia municipal si es procedente.
