"El alcalde de l’Alfàs obligado a paralizar el presupuesto de 2015"

“El gobierno del PSOE de l’Alfàs del Pi se ha visto obligado a retirar los presupuestos de 2015 al presentar los mismos graves irregularidades. Las cuentas aprobadas el pasado 16 de diciembre por los socialistas, con el apoyo de sus socios de gobierno, Isabel Davó y José Luis Giner, han sido impugnadas por el PP, quien han demostrado que se aprobaron violando la Ley Reguladora de las Haciendas Locales e incumpliendo el imperativo legal de estar de manera completa a disposición de los ciudadanos. Estas graves anomalías han obligado al alcalde a paralizar su aprobación de manera inmediata”, afirma el Partido Popular.

El Partido Popular ha constatado que el expediente completo de los Presupuestos Municipales del 2015 no se encuentra a disposición de los ciudadanos, vulnerando de las previsiones del artículo 169 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, lo que demuestra la “trampa y manipulación del gobierno socialista” afirmando que son “participativos”.

La portavoz del PP, Maite Huerta, ha instado al alcalde, el socialista Vicente Arques, a que “deje de engañar a los ciudadanos y  no siga culpando de sus graves problemas y errores al partido de la oposición” reclamándole que comience a obrar “ajustándose a la Ley y con transparencia”.

La líder popular le ha reiterado que, como ya le obligan tres sentencias falladas en los Juzgados de los Contencioso Administrativo de Alicante, entregue toda la documentación requerida por su partido y no siga “manejando el Ayuntamiento a su antojo, ocultando información y cometiendo graves irregularidades, lo que va en contra y perjuicio de todos los vecinos”. Maite Huerta ha apostillado que han presentado esta reclamación "para terminar con la impunidad que se respira en el municipio e instar al alcalde a que abandone un camino equivocado y muy perjudicial para los vecinos”.

Entre las graves anomalías que presentan las cuentas aprobadas por el equipo de gobierno socialista se encuentra también la falta de documentos imprescindibles, como es la liquidación del presupuesto de 2.013 por partidas presupuestarias, y más concretamente la liquidación de las retribuciones de dedicaciones y eventuales de ese ejercicio.

Los populares consideran que existen igualmente otras irregularidades en el Presupuesto aprobado para 2015, destacando el elevado ajuste del grado de ejecución con más de 1.250.000 que se incluyen para solucionar los 500.000 euros pendientes de aplicación, que serían “las muy probables facturas existente en el cajón”, han denunciado desde el PP.

Otra grave infracción que presentan las cuentas es que el  Ayuntamiento de L’Alfàs del Pi tarda 78,48 días de promedio en el pago a sus proveedores, como fue publicado en una noticia del Diario Información el pasado día 22 de diciembre. Este hecho provoca un incumplimiento Ministerial, ya que se supera con creces el plazo medio de pago de 30 días establecido por  Hacienda para acogerse a las ventajas de la Disposición Transitoria número 10 de la Ley 27/2013 para mantener hasta Junio de 2.015 a 13 concejales con dedicación exclusiva y 15 personas contratadas como cargos de confianza, lo que recogen las cuentas presentadas por el gobierno socialista de l’Alfàs.

Y lo más grave, según han subrayado desde el Partido Popular, es la decisión personal del alcalde de mantener a la Concejala de Benicassim en la plantilla de personal eventual del Ayuntamiento, desconociendo los concretos cometidos y funciones que realiza la proba edil María Sonia Alonso Peña y que pudieran justificar su contratación con cargo al Presupuesto del Ayuntamiento. Los concejales del PP “no tienen constancia” de que haya tenido presencia física en las dependencias municipales, lo que pudiera constituir un uso arbitrario de los fondos públicos para fines desviados de Vicente Arques por servicios extramunicipales propios.

También supone una posible infracción lo que se recoge en el capítulo sexto de Inversiones, donde el gobierno local pretende gastar 1.787.570,84 € que se van a financiar con la venta arbitraria del patrimonio del Municipio. Además, para mayor bochorno, se pretenden financiar las inversiones con los ingresos de financiación afectada y con cargo al fondo del 10% del contrato de gestión del servicio de agua potable y con cargo al contrato de gestión del servicio municipal de alcantarillado, lo que en podría ser constitutivo de delitos de malversación de fondos públicos.

En los presupuestos tampoco se les reconoce, ni se les consigna, la devolución de la paga extra a los funcionarios, a los que la presidenta del Partido Popular “apoya incondicionalmente”, lamentando que muchos de ellos estén sometidos “a presiones y chantajes por parte del equipo de gobierno en relación a su puesto de trabajo”.

El presupuesto no está elaborado tampoco de acuerdo con la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, ya que el informe económico financiero, en el que se exponen las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y de las operaciones de crédito previstas y, en consecuencia, la efectiva nivelación del presupuesto, no está realizado ni firmado por ningún funcionario de los cuerpos de administración con habilitación nacional.

La portavoz del Partido Popular ha remarcado “el encomiable trabajo que realiza el funcionario que desempeña las funciones de Interventor”, pero igualmente ha lamentado la prolongación de la situación de provisionalidad en ese puesto,  lo demuestra que ésta “no es circunstancial”, sino que obedece a la voluntad del alcalde, agrega la portavoz popular, que asegura además que prueba de ello es la “precisión rigurosamente calculada” que, a su entender, se aprecia en el texto al “omitir que el firmante es interventora accidental”. De todo ello se deduce una calculada mala intencionalidad por el grupo de gobierno socialista y de su alcalde, que es quien presenta los mismos para su aprobación, quien, “a sabiendas de la irregularidad en la que está incurriendo, hace todo lo posible y da instrucciones para disimular la circunstancia de tan graves anomalías”, asegura Maite Huerta.

No siendo el interventor accidental funcionario con habilitación nacional no puede tener validez el preceptivo informe que debe acompañar al Presupuesto, por lo que el mismo está necesariamente viciado de nulidad, por incumplimiento de lo establecido en el art. 168 de la Ley 2/2004 (RCL 2004, 602, 670) Reguladora de Haciendas Locales y art. 4.1 del Real Decreto 1174/87 (RCL 1987, 2160, 2280).

Maite Huerta ha insistido en que el alcalde tiene “conocimiento perfecto de que se están tratando de ocultar graves irregularidades”, por lo que ante la reclamación del Partido Popular se ha visto obligado a su paralización.

 Para la portavoz popular no es posible aprobar unos presupuestos que “irregulares y perjudican claramente al futuro del municipio y a sus vecinos”. Maite Huerta ha concluido instando al alcalde a que “redacte unos verdaderos presupuestos transparentes y que se ajusten a la situación económica del Ayuntamiento y del municipio” y  que "evite así un mayor deterioro de las cuentas públicas y de la imagen de l’Alfàs del Pi".