El PP de L’Alfàs solicita el cierre del mercadillo de verano de la playa de El Albir por ser ilegal
El alcalde podría haber cometido un delito de prevaricación al conceder la licencia a un empresario afín al PSOE que no cuenta con los permisos pertinentes de Costas
El Grupo Municipal Popular de L’Alfàs del Pi ha denunciado el presunto delito de prevaricación que está cometiendo el alcalde de L’Alfàs del Pi, el socialista Vicente Arques, al conceder y permitir el mercadillo que se ha instalado en el parking de la Fundación Frax. Según ha informado la portavoz popular, Maite Huerta, la autorización del mercadillo “es ilegal” por presentar graves irregularidades en su autorización administrativa; e “irresponsable” por el daño que ocasiona a muchos comerciantes de la zona, “al permitirse una competencia nociva y que beneficia a quienes no pagan impuestos en el municipio y castiga a quienes sí lo hacen”, ha asegurado. Además, esta concedida a una empresa muy afín al PSOE.
La portavoz del PP, atendiendo a la demanda de numerosos hosteleros y comerciantes de la zona, quienes se han dirigido a los populares ante la grave situación de indefensión en que se encuentran por la autorización del equipo de gobierno a la instalación del citado mercadillo, ha comprobado como la licencia concedida por el Ayuntamiento y aprobada en la Junta de Gobierno del pasado 10 de junio es “ilícita”.
La primera irregularidad cometida y consentida por el alcalde es la aprobación de la licencia sin presentar la empresa solicitante la correspondiente autorización de Costas, imprescindible y necesaria al encontrarse el mercadillo en una parcela afectada por la zona de dominio público terrestre, denominada “servidumbre de protección y tránsito”. Un permiso, que como se recoge en la propia concesión, condiciona todo otorgamiento y sin el cual no es posible el mismo. La otra infracción administrativa permitida es la instalación de puestos de restauración, cuando en la solicitud presentada por la empresa adjudicataria, ésta se compromete en su declaración responsable a la no instalación de este tipo de puestos. Sin embargo, existen dos bares que ofrecen comida y bebida y que cuentan con un gran número de mesas y sillas para sus clientes. Además, uno de ellos abre desde por la mañana, a pesar de que el horario permitido en la autorización es de 17.30 a 00.00 horas.
Maite Huerta considera “que los hechos denunciados podrían haber incurrido que el alcalde haya cometido un presunto delito de prevaricación previsto y penado en el art. 404 del Código Penal, por cuanto han propiciado y permitido finalmente la instalación de un mercadillo que carece de la preceptiva autorización de Costas y no cumple la normativa, habiendo llevado a cabo tal conducta con conocimiento expreso”. Para Maite Huerta es al menos “sospechoso” que la empresa adjudicataria, la mercantil Business Beach Marina Baixa S.L, sea representada por una persona afín al PSOE, Salvador Marcet Navío y que tenga su domicilio fiscal en una gestoría ubicada en el Camí Vell d’Altea nº 18-A de l’Alfàs. Una gestoría con la que mantiene una estrecha relación un relevante cargo del partido socialista de L’Alfàs y muy influente en el Ayuntamiento, Vicente Pérez Llorens.
Para la portavoz popular y presidenta local, Maite Huerta “es una vergüenza y una gravísima falta de respeto” lo que el alcalde hace de forma continuada con los empresarios locales. “Es inamisible” conceder una licencia ilegal y además “permitir competencia irregular” con muchos comerciantes de la zona. Además, el beneficio que aporta al Ayuntamiento “es ridículo”, ya que el canon que ha abonado la empresa adjudicataria al Consistorio es de tan sólo 652,50 euros.
Sin embargo, la empresa concesionaria, como ha confirmado los populares, cobran más de 2.000 euros a cada autónomo que pone su puesto, estando permitido la instalación de 32. Esto supone al adjudicatario unos ingresos superiores a los 60.000 euros, a lo que hay que sumar otra cantidad muy importante que abona la empresa que explota las 10 atracciones infantiles. Según ha calculado los populares, la empresa adjudicataria puede tener unos ingresos superiores a los 100.000 euros y, sin embargo, “el Ayuntamiento recauda tan sólo 652,50 euros y, además, permite competencia desleal con restauradores y comerciantes del municipio”.
Los populares instan al alcalde a que “cierre inmediatamente el mercadillo”, al menos hasta que el adjudicatario cumpla con la Ley, aunque los populares reclaman que “no se permita esta instalación” sino existe previamente un consenso con los empresarios afectados directamente y con los vecinos de la zona.
El Partido Popular ha remitido a sus servicios jurídicos el expediente, para comenzar las pertinentes actuaciones judiciales que procedan ante “la posible grave irregularidad permitida por el alcalde de L’Alfàs del Pi”, ha afirmado Maite Huerta.
