Los tribunales condenan al Ayuntamiento a pagar las costas y gastos del proceso contra la fábrica de pipas de la familia de la alcaldesa
La alcaldesa socialista asegura en el pleno que desconoce el contenido de la sentencia pese a que se le notificó el 24 de noviembre
Un ejemplo de esto es la sentencia definitiva sobre la fabrica de pipas, propiedad de la familia de la alcaldesa, que ha recaído sobre el Ayuntamiento y que condena al Consistorio a pagar las costas judiciales y los gastos del proceso. Una cantidad que aún está por determinar.
Esta sentencia es el resultado del recurso que interpuso el Ayuntamiento a la sentencia del juzgado de primera instancia. Lo sorprendente de esto, “es que el concejal Francesc Ferrer afirmó en el pasado pleno que la sentencia se conocería en enero y surgió a principio de este mes” señala la portavoz de PP, Carmen Jávega.
Asimismo, añade que “además, pese a que se le notificó al Ayuntamiento y a los afectados esta sentencia el pasado 24 de noviembre y la convocatoria de pleno fue el 26 de noviembre, ayer argumentaban que no conocían su contenido y se ceñían en todo momento al registro de entrada lo cual no tiene sentido, ya que las sentencias judiciales deben examinarse inmediatamente por si hubiera que hacer algún recurso o escrito de aclaración, cuyo plazo es muy breve, y en este caso ya se habría extinguido este derecho”.
La denuncia arranca en 2005 cuando dos vecinos afectados por las molestias de ruido y polvo que causa la fábrica, situada en la calle Virgen del Remedio, acuden al Ayuntamiento a exponer sus quejas dado que éste había establecido un mapa acústico municipal. Dado que el Consistorio los ignoró, decidieron iniciar acciones legales y ante el Síndic de Greuges que les dio la razón.
El Ayuntamiento “para intentar aparentar que velan por los afectados envían a la empresa una notificación diciéndoles que si no regularizan su situación tendrán que cerrar, pero no se percataron de que en esa zona del municipio sólo cabe el uso residencial y ante esta tesitura revocaron esa resolución y justificaron que la empresa siguiera como estaba con informes municipales que decían que como la empresa llevaba mucho tiempo, aunque su uso estaba fuera de ordenación se podía tolerar”, informan fuentes del PP.
Así, los vecinos viendo que las cosas seguían igual, se vieron obligados a acudir a los tribunales y les dieron la razón dos veces, una en primera instancia, y ahora en la apelación.
Para el PP, “todo este proceso ha supuesto un gran esfuerzo económico, de tiempo y de servicios técnicos de los abogados del Ayuntamiento, para defender los intereses de la familia de la alcaldesa en lugar de los de los ciudadanos, que es el propósito de todo Ayuntamiento”.
Además, hay pendiente otro juicio sobre la fábrica de pipas para indemnizar a los afectados el ruido que han tenido que soportar, que podría suponer un importe de hasta 12.000 euros.
La alcaldesa usa medios municipales en su querella contra el PP
Por otra parte, el Partido Popular a través de su concejal José Luis Montesinos preguntó a la alcaldesa, que dado que en el anterior pleno indicó que la querella que había interpuesto contra PP por el tema de las pancartas y el coste que esta generará lo asumía a título particular, porqué había usado medios municipales para la confección de su denuncia.
En concreto, utilizó a la Policía Local para que elaborara informes policiales, que ha utilizado en su querella, lo que supone utilizar recursos públicos en interés particular.
Cuando el PP le expuso estos hechos, se limitó a echar la culpa a la Policía Local y a su propio abogado, pese a que Montesinos le recordó que su letrado cumple sus órdenes y que toda la documentación la aporta y es responsabilidad del cliente.
Canon Digital
Asimismo, la portavoz del PP de Aldaya, Carmen Jávega, presentó una moción sobre el Canon Digital dado que la Unión Europea ha declarado ilegal el pago de este canon para administraciones y empresas, por lo que el Ayuntamiento tiene derecho a solicitar la devolución con carácter retroactivo, algo al parecer “este consistorio desconocía pese a tener numerosos recursos para informarse y defender los interese económicos de los vecinos de Aldaya”.
Finalmente, dado su desconocimiento, la alcaldesa solicitó dejar el tema sobre la mesa para estudiarlo con detenimiento.
Casa Coladores
El Partido Popular, dado su sensibilidad hacia las personas con algún tipo de discapacidad presentó una moción solicitando que se construyera un ascensor de acceso en el edificio de Servicios Sociales de la Casa Coladors.
El Ayuntamiento afirmó que no tienen previsto construirlo ya que la planta baja sí es accesible y argumentaron que en la primera planta sólo hay trabajadores, pese a que allí se encuentra la psicóloga y el jefe de servicio, “ lo cual no exime de que algún ciudadano o trabajador tengan que acceder a esta planta”.
