La Fiscalía imputa al Ayuntamiento de Aldaia por presunta prevaricación en la gestión de la limpieza viaria del municipio

El concejal portavoz de Esquerra Unida, en calidad de denunciante, ha recibido una notificación de la Fiscalía con fecha del 17 de abril en la que se le comunica la decisión de este Ministerio de imputar penalmente a responsables del Ayuntamiento de Aldaia por presunta prevaricación, "motivada por -como expresa esta misma notificación- haber concertado el servicio de limpieza viaria “a dedo”. De este modo, sólo en los 9 primeros meses del 2013, el Ayuntamiento de Aldaia realizó un compromiso de gasto de 481.215 euros, compromiso realizado al margen de los controles administrativos obligatorios".

Juanjo Llorente, concejal portavoz de EU y autor de esta demanda a la fiscalia señala: “Sin duda es una noticia positiva para quienes defendemos la transparencia de las administraciones públicas y nos oponemos a todo tipo de corruptelas y nepotismos. Esta notificación de la Fiscalía casi coincide, además, con la realización del pleno del pasado 29 de abril, en la que tuve que pedir que se subsanaran unas declaraciones atribuidas a mi en el acta y según las cuales yo lamentaba que la empresa encargada de la limpieza viaria contratara a dedo a los trabajadores. Lo que yo planteé es que se cambiara el acta, porque lo que lamentaba y sigo lamentando (hasta ahora se sigue haciendo los mismo) es que este este gobierno municipal contrate a dedo a una empresa para realizar unos trabajos por valor de más de medio millón anual de euros”.

“Es más, sigue diciendo Juanjo Llorente, también aproveché para mencionar que aunque no tuviera pruebas y por tanto no había podido denunciarlo aún, también sabía y era de amplio comentario y repudio ciudadano en el municipio, que lo que hacia la empresa contratada a dedo por el gobierno municipal era, a su vez, contratar como peones de limpieza a aquellas personas que les decían los responsables del PP y que en bastantes casos tienen el mismo carné político: PP”.

“Esto que resulta fácil de constatar en un pueblo donde casi todos y todas nos conocemos, como también dije en el pleno, no es ilegal puesto que se trata de una empresa privada, pero si ética y políticamente repudiable -dice finalmente Juanjo Llorente-. Por ello, también vamos a exigir las responsabilidades políticas correspondientes. Es la única forma de acabar con una de las lacras que sacuden las instituciones del País Valencià gobernadas por el PP y que contribuyen en gran medida a legitimar el amplio rechazo ciudadano existente hacia los políticos profesionales y las instituciones públicas”.