EU Aldaia denuncia presunta prevaricación del PP municipal
Juanjo Llorente, concejal portavoz de EU señala: “Casi desde el principio de la legislatura, personas del municipio me vienen preguntando lo que se puede hacer por que el PP del Ayuntamiento “enchufa” a gente de su partido para peones de limpieza viaria. Yo siempre les he dicho que los peones los contrata en precario Agricultores de la Vega y que como es una empresa privada no se podía hacer nada. Pero en el último pleno de noviembre la Concejala de Economía presentó a “convalidar” facturas por valor de casi medio millón de euros correspondientes a la limpieza viaria de este año y que se tenían que convalidar por haberse firmado sin ningún control por parte de Contratación e Intervención municipales (ver adjunto en PDF), lo que supone una grave irregularidad tipificada como delito. Por eso pedí en ese mismo pleno una comisión de investigación que fue rechazada por el Gobierno derechista y advertí que iniciaría acciones legales”.
“En coherencia con ello, sigue diciendo Juanjo Llorente, voy a trasladar a la Fiscalía de Valencia un escrito (ver más abajo la parte de justificación) donde se detalla un presunto delito de prevaricación continuada desde el Ayuntamiento y se pide una intervención para depurar las responsabilidades que correspondan. Considero que esta forma de proceder por mi parte responde a una obligación también sancionada por ley, dado que lo contrario sería complicidad, además del único cauce que me queda para tratar de cortar de raíz este tipo de comportamientos antidemocráticos y a mi juicio corruptos”.
“En particular, dice finalmente Juanjo Llorente, aunque no soy experto en leyes, entiendo y así lo traslado a fiscalía que a mi juicio el gobierno municipal del PP ha incumplido el artículo 29 de la ley 29/1998 Reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa; los artículos 86 y 138.3 de la Ley de contratos del Sector Público y los artículos 173.1, 4 y 5 del TRLHL (Ley haciendas locales) así como los artículos 183, 184 y 214 de esta misma ley. Estamos, pues, ante unas imputaciones graves de incumplimiento legislativo que para EU nunca deberían quedar indemnes”.
