El PP de Aldaya pide un pleno extraordinario para esclarecer la contratación de Boix por parte del Ayuntamiento
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14/03/2011
Los populares también pretenden que el pleno aborde medidas anti crisis
El Partido Popular de Aldaya ha presentado por registro de entrada en el Ayuntamiento de la localidad una solicitud de pleno extraordinario respaldada por la totalidad del grupo municipal popular, ya que “consideramos que le gobierno socialista debe de esclarecer algunos asuntos de suma importancia para el buen funcionamiento de nuestro Ayuntamiento y por extensión de nuestro pueblo”, señalan.
En cualquier caso, con carácter previo a la convocatoria del pleno extraordinario, el Partido Popular solicita que la Secretaria del Ayuntamiento “emita un informe sobre la legalidad o ilegalidad de dos resoluciones de alcaldía de suma importancia”, afirman.
En concreto, la primera de estas resoluciones se refiere a la designación de José Luis Noguera para la defensa y representación del Ayuntamiento de Aldaya en las diligencias previas 2625/2010, es decir, la querella que el Partido Popular interpuso contra la alcaldesa y el concejal de Urbanismos del Ayuntamiento de Aldaya por un presunto delito de prevaricación.
La segunda resolución se refiere a la designación del letrado Javier Boix Reig, y a los procuradores Jesús Quereda Palop o Pilar Palop Folgado, para la defensa y representación de la alcaldesa, Empar Navarro y del concejal Francesc Ferrer para las diligencias previas 2625/2010, es decir, las mismas que las anteriores.
Asimismo, el orden del día del pleno extraordinario solicitado por el Partido Popular de Aldaya aborda diversas cuestiones, dos de carácter judicial y una para paliar los efectos de la crisis sobre los ciudadanos de Aldaya.
Así, el Partido Popular propone el estudio y debate de la propuesta de Medidas Anti crisis o Programa de Ayudas Sociales y Económicas para los vecinos de Aldaya, a adoptar por el Ayuntamiento de Aldaya, a iniciativa de los populares.
Querella por presunta prevaricación
Por otra parte, la orden del pleno extraordinario también pretende abordar “la información, estudio y debate sobre la contratación y coste, que por parte del Ayuntamiento, y con cargo a los fondos municipales se hace de los gastos de representación y defensa” que se deriven por los letrados designados para defender a Empar Navarro y Francesc Ferrer en las diligencias previas de la querella por presunta prevaricación que se están instruyendo en el Juzgado número 1 de Torrent. Este punto aborda el coste de esta defensa siempre que no se declare la responsabilidad penal de los imputados.
La propuesta que realiza el Partido Popular es que se anule o deje sin efecto la resolución de alcaldía por la que se ha designado a José Luis Noguera para personarse en el proceso que afecta a Empar Navarro y a Francesc Ferrer.
Además, el PP también solicita información y que se lleve a debate de las fuerzas políticas la contratación del costoso abogado Javier Boix para defender a la alcaldesa y el concejal de Urbanismo en este mismo proceso, porque Empar Navarro ha hecho constar en la resolución como justificación para esta contratación que “de las diligencias previas podrían resultar consecuencias jurídicas que afectarán al Ayuntamiento de Aldaia”, ante lo que el Partido Popular se pregunta “qué consecuencias jurídicas o económicas pueden afectar al Ayuntamiento de Aldaya , cuando con la querella presentada se está imputando por un presunto delito de prevaricación a la alcaldesa y el concejal de Urbanismo”, pero en ningún caso, “no se le está reclamando al Ayuntamiento absolutamente nada, por lo que no existe ninguna consecuencia civil ni penal para el consistorio”.
El Partido Popular, esclarece que “la querella únicamente puede tener consecuencias civiles y penales para el Ayuntamiento para los imputados, pero jamás para el Ayuntamiento, pero con sus acciones pretende una vez más que seamos todos los aldayeros los que paguemos por sus errores, con llevan haciendo desde hace tiempo, porque sus acciones lo que trasmiten es que se piensan que el Ayuntamiento es suyo, y no la casa del pueblo”.
Por tanto, ante este punto los populares solicitan que se anule o deje sin efecto la resolución de alcaldía por la que se aprueba el pago de los servicios de Javier Boix por parte del Ayuntamiento.
Otro de las solicitudes de información, estudio y debate es el expediente completo de responsabilidad patrimonial de Joaquín Sepo contra el Ayuntamiento de Aldaya, solicitando derivación de responsabilidad civil contra la alcaldesa y el concejal de Recursos Humanos, Guillermo Luján, por un presunto delito de ‘mobing’.
En cualquier caso, con carácter previo a la convocatoria del pleno extraordinario, el Partido Popular solicita que la Secretaria del Ayuntamiento “emita un informe sobre la legalidad o ilegalidad de dos resoluciones de alcaldía de suma importancia”, afirman.
En concreto, la primera de estas resoluciones se refiere a la designación de José Luis Noguera para la defensa y representación del Ayuntamiento de Aldaya en las diligencias previas 2625/2010, es decir, la querella que el Partido Popular interpuso contra la alcaldesa y el concejal de Urbanismos del Ayuntamiento de Aldaya por un presunto delito de prevaricación.
La segunda resolución se refiere a la designación del letrado Javier Boix Reig, y a los procuradores Jesús Quereda Palop o Pilar Palop Folgado, para la defensa y representación de la alcaldesa, Empar Navarro y del concejal Francesc Ferrer para las diligencias previas 2625/2010, es decir, las mismas que las anteriores.
Asimismo, el orden del día del pleno extraordinario solicitado por el Partido Popular de Aldaya aborda diversas cuestiones, dos de carácter judicial y una para paliar los efectos de la crisis sobre los ciudadanos de Aldaya.
Así, el Partido Popular propone el estudio y debate de la propuesta de Medidas Anti crisis o Programa de Ayudas Sociales y Económicas para los vecinos de Aldaya, a adoptar por el Ayuntamiento de Aldaya, a iniciativa de los populares.
Querella por presunta prevaricación
Por otra parte, la orden del pleno extraordinario también pretende abordar “la información, estudio y debate sobre la contratación y coste, que por parte del Ayuntamiento, y con cargo a los fondos municipales se hace de los gastos de representación y defensa” que se deriven por los letrados designados para defender a Empar Navarro y Francesc Ferrer en las diligencias previas de la querella por presunta prevaricación que se están instruyendo en el Juzgado número 1 de Torrent. Este punto aborda el coste de esta defensa siempre que no se declare la responsabilidad penal de los imputados.
La propuesta que realiza el Partido Popular es que se anule o deje sin efecto la resolución de alcaldía por la que se ha designado a José Luis Noguera para personarse en el proceso que afecta a Empar Navarro y a Francesc Ferrer.
Además, el PP también solicita información y que se lleve a debate de las fuerzas políticas la contratación del costoso abogado Javier Boix para defender a la alcaldesa y el concejal de Urbanismo en este mismo proceso, porque Empar Navarro ha hecho constar en la resolución como justificación para esta contratación que “de las diligencias previas podrían resultar consecuencias jurídicas que afectarán al Ayuntamiento de Aldaia”, ante lo que el Partido Popular se pregunta “qué consecuencias jurídicas o económicas pueden afectar al Ayuntamiento de Aldaya , cuando con la querella presentada se está imputando por un presunto delito de prevaricación a la alcaldesa y el concejal de Urbanismo”, pero en ningún caso, “no se le está reclamando al Ayuntamiento absolutamente nada, por lo que no existe ninguna consecuencia civil ni penal para el consistorio”.
El Partido Popular, esclarece que “la querella únicamente puede tener consecuencias civiles y penales para el Ayuntamiento para los imputados, pero jamás para el Ayuntamiento, pero con sus acciones pretende una vez más que seamos todos los aldayeros los que paguemos por sus errores, con llevan haciendo desde hace tiempo, porque sus acciones lo que trasmiten es que se piensan que el Ayuntamiento es suyo, y no la casa del pueblo”.
Por tanto, ante este punto los populares solicitan que se anule o deje sin efecto la resolución de alcaldía por la que se aprueba el pago de los servicios de Javier Boix por parte del Ayuntamiento.
Otro de las solicitudes de información, estudio y debate es el expediente completo de responsabilidad patrimonial de Joaquín Sepo contra el Ayuntamiento de Aldaya, solicitando derivación de responsabilidad civil contra la alcaldesa y el concejal de Recursos Humanos, Guillermo Luján, por un presunto delito de ‘mobing’.
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Aquí el tema está claro. El PP de Aldaia sabe perfectamente que la denuncia va a acabar dando la razón a Empar Navarro, y claro, cuando esto suceda, se pedirá que el denunciante pague las costas... y como el señor Boix tenga una buena factura... pues ala, a pagar, y ya veremos de donde sacan el dinero, porque las cuotas de sus afiliados en Aldaia no creo que lleguen ni para pagar los folios que se han usado.