El PSOE de Aldaya rechaza una comisión de investigación sobre la contratación de Boix
La alcaldesa se niega a comunicar al pleno y sus asistentes la cuantía de su sueldo y el de sus concejales
La alcaldesa del PSOE , y por extensión, el resto de miembros del gobierno municipal se negaron a aceptar la realización de ninguna comisión de investigación que esclareciera los hechos, “lo que viene una vez más a demostrar como gobierna el PSOE nuestro municipio, ya que hemos pedido esta comisión de investigación, después de haberle preguntado reiteradamente en plenos y en comisiones informativas sobre el asunto y que se nos hayan dado largas”.
Respecto a Izquierda Unida, optaron por abstenerse en esta moción y no ofreció más argumentos.
Finalmente, “y tras nuestra insistencia la alcaldesa leyó un papelito donde decía que había pactado unos honorarios que ascendían a 6.000 euros en el caso de la instrucción y 15.000 euros si se llegaba a producir el juicio oral”.
Para el Partido Popular de Aldaya “estas cifras son un disparate de lo elevadas que son, máxime cuando en la actualidad los honorarios de los abogados están liberalizados y puedes pactarlos, Es más si el abogado del Ayuntamiento cobrara esto por cada causa en las que ha tenido que defender al Consistorio la cifra sería astronómica”.
El Partido Popular de esta localidad señala que “si fuera ella quien lo pagara nos parecería bien que contratará a quien quisiera, porque cada uno hace con su dinero lo que considera, y en el caso de que ganara y tuviera que repercutir alguna parte en el Ayuntamiento, lo asumiríamos”, pero aclaran que “lo que nos parece increíble es que lo pague todo el Ayuntamiento, porque la querella es contra ella”.
Por eso, “lo normal es que el abogado se lo pague ella”, además, “ si tan claro lo tiene que dice que no ha hecho nada y que va a salir indemne, nos preguntamos porqué no lleva su caso el abogado municipal”.
Para “nosotros la respuesta está clara, los socialistas buscan para ellos lo mejor y más caro, y para el resto, lo que hay. Esto mismo se traslada a la educación, porque se pasan el día diciendo las bonanzas de la educación pública, pero luego llevan a sus hijos a centros privados”.
En cualquier caso, “respetamos absolutamente la valía del abogado municipal” lo que cuestionamos “es la actitud de la alcaldesa que ni siquiera confía en él para su defensa, pero sí la de los intereses de Aldaya”, aclaran.
El PSOE judicializa la política
Por otra parte, el Partido Popular afirma que está cansado de la actitud victimista que ha tomado la alcaldesa afirmando que “nosotros judicializamos la política y que vamos contra ella, cuando la querella por prevaricación es la primera que interponemos contra algún miembro del PSOE”, mientras que el PSOE de Aldaya, “ha denunciado prácticamente a todos los concejales del PP, a su portavoz y al partido”.
En cualquier caso, todas las denuncias que el PSOE ha interpuesto durante toda esta legislatura contra el PP han sido archivadas por no ser constitutivas de delito, pero “evidencian la persecución a la que ha estado sometido el Partido Popular de Aldaya”. Sin embargo, la alcaldesa “ha tomado la actitud de víctima de cara a las próximas elecciones del 22 de mayo, cuando lo cierto es que es el verdugo” pero “ es que su táctica favorita es la de intoxicar, mentir y desviar la atención”.
De hecho, pese a que lleva semanas difundiendo calumnias sobre el sueldo de la portavoz popular, ayer se negó reiteradamente a responder a las preguntas del público que le instaban que declarara públicamente su sueldo y el de sus concejales, puesto que “es el pueblo de Aldaya el que lo paga”.
Por su parte, Izquierda Unida presentó una moción sobre la transparencia en el municipio, donde la portavoz popular Carmen Jávega señaló que apoyaba los acuerdos de la moción, aunque estaba en contra de la exposición. Sin embargo, el PSOE votó en contra. El PP de Aldaya señala que “estamos de acuerdo en que no se deben hacer descalificaciones personales ni judicializar la política, pero tenemos que seguir fiscalizando la política realizada por este Gobierno del PSOE porque en eso consiste nuestra labor de oposición”.
De hecho, “quien ha judicializado con reiteradas denuncias a miembros del PP es la alcaldesa, porque nosotros siempre hemos defendido los intereses de colectivos afectados que han sido desoídos por este Ayuntamiento” y “no vamos a tolerar que se continúe gestionando en contra de los intereses de Aldaya”.
El PP de Aldaya aclara que “es muy desagradable que hayamos tenido que llegar a este punto y que nos hayan obligado a poner esta querella contra Empar Navarro y Francesc Ferrer, porque lo cierto es que habíamos preguntado por esta situación en comisiones informativas y en consultas, y siempre nos hacían caso omiso. La misma actitud que están teniendo con el tema de Javier Boix, porque es a lo que están acostumbrados, a hacer lo que quieren sin dar explicaciones”.
