Condenan al Ayuntamiento de Aldaia a pagar más de 70.000 euros por despidos de trabajadores

El Juzgado de lo Social nº2 de Valencia ha condenado al Ayuntamiento de Aldaia a indemnizar con 30.500 euros a dos psicólogas que fueron despedidas en enero. Además, la sentencia obliga al consistorio a readmitir a una de las trabajadoras, y permite, o bien readmitir a la otra trabajadora, o bien despedirla indemnizándola con 39.700 euros más. Esta es la tercera sentencia en contra por despidos promovidos por Carmen Jávega desde que es alcaldesa. Aún quedan pendientes de juicio otras ocho demandas contra el Ayuntamiento por despidos conflictivos.

Nada más conocerse la sentencia, el portavoz de los socialistas de Aldaia, Guillermo Luján, se ha mostrado muy crítico con la gestión de Carmen Jávega en su política de empleo, y ha apuntado que “despidos tan poco rigurosos como estos, al final lo único que provocan son gastos extra para el Ayuntamiento de Aldaia. Además, Luján ha manifestado su más absoluta desolación por la política de trabajo que está llevando a cabo la concejal de empleo, María José Cruz Vargas, quien “no ha impulsado ningún proyecto para conseguir la promesa electoral del PP de Aldaia de crear 500 puestos de trabajo al año en el municipio. Al contrario, despiden a gente y con sus decisiones poco rigurosas han provocado conflictos y demandas con los distintos empleados del Ayuntamiento”.

En esta ocasión, dos psicólogas prestaban su servicio en el SEAFI (Servicio de Atención a la Familia e Infancia) cuya intervención prioritariamente se orienta a familias en procesos de:

-Situaciones familiares con menores en situación de riesgo o desamparo.

-Situaciones que impliquen riesgo de ruptura familiar o separación.

-Parejas que atraviesan por situaciones de crisis o problemas entre sus miembros.

-Familias con menores que presentan conductas poco adaptadas.

-Familias monoparentales.

-Familias en cuyo seno se produce violencia.

-Familias con menores en situación de guarda y/o tutela administrativa.

Las dos psicólogas dejaron de prestar su servicio el 1/1/2012 por decisión del Ayuntamiento de Aldaia y la concejal de empleo, María José Cruz Vargas, la cual no propuso ningún tipo de indemnización por el cese de su actividad en el Ayuntamiento.