La Asociación de Discapacitados Físicos de Aldaya busca posibles afectados por la Talidomida en Valencia y alrededores
La entidad quiere contactar con personas que puedan aportar información sobre principios de la década de los 50
La Asociación de Discapacitados Físicos de Aldaya (ADFA) está buscando en la actualidad a personas afectadas posiblemente por la Talidomida desde 1950. De este modo, desea contactar con personas que hayan podido manifestar agenesia congénita, con malformaciones físicas, con ausencia de miembros superiores o inferiores, como posible efecto secundario de algún fármaco derivado de la Talidomida, con el objetivo de averiguar si hubo algún tipo de aumento significativo de esta población a principio de la década en la ciudad de Valencia, el barrio de Ruzafa, concretamente, y las comarcas limítrofes.
Concretamente, la entidad, integrada en COCEMFE CV, está interesada en contactar con estas personas, familiares, hospitales, médicos o farmacéuticos que pudieran aportar datos sobre la posible distribución de los siguientes medicamentos durante el período indicado: Imidan, Varian, Contergan, Gluto Naftil, Softenon, Noctoseediv, Entero-Sediv-Suspensión e Insonid.
La talidomida, desarrollada por la compañía farmacéutica alemana Grünenthal GmbH, es un fármaco que fue comercializado entre los años 1957 y 1963 como sedante y como calmante de las náuseas durante los tres primeros meses de embarazo. Este medicamento provocó miles de nacimientos de bebés afectados de malformaciones, anomalías congénitas que se caracterizaban por la carencia o excesiva cortedad de las extremidades. La talidomida afectaba a los fetos o bien a través de la madre, que tomaba el medicamento como sedante o calmante de náuseas, o bien a través del esperma del padre, ya que la talidomida trasmitía los efectos nocivos desde el momento de la concepción. Una vez comprobados estos, fue retirado en los países donde había sido comercializado bajo diferentes nombres. España fue de los últimos, ya que lo retiró en 1963.
En 2013, un tribunal condenó a la empresa farmacéutica al pago de indemnizaciones a 24 afectados españoles, una sentencia que abre la vía a que otros afectados puedan acogerse a esta sentencia, que establece cifras de 20.000 euros por cada punto de discapacidad reconocido oficialmente.
