El Ayuntamiento pide más medios y una legislación más estricta contra la venta ambulante ilegal
El pleno del Ayuntamiento de Alcalà-Alcossebre ha solicitado instar al Gobierno central a que se redacte una legislación más enérgica que permita la erradicación de la venta ambulante ilegal, así como mayor acción policial contra las mafias organizadas que actúan en el tráfico de personas y de productos ilegales. En la declaración institucional, firmada por todos los grupos municipales, también se solicita a la Generalitat Valenciana y al Gobierno central que se valoren, a través de informes específicos, qué impacto económico tiene la venta ambulante ilegal, más conocida como top manta, en el sector del comercio de la Comunitat Valenciana.
La concejala de Comercio y Policía, Alejandra Roca, recordó que "la venta ilegal ambulante supone una desesperante competencia para el comercio que está legalmente establecido y que debe hacer frente a impuestos como el IBI, ocupación de vía pública, tasas de basuras, alta de la Seguridad Social, aportaciones a Hacienda, recibos de luz, agua y teléfono, etc." La moción recoge también el malestar de los comerciantes de Alcossebre y las peticiones que han hecho llegar al Ayuntamiento para poner solución al problema del top manta, que les supone una disminución de sus ventas.
En el caso de Alcalà-Alcossebre, como sucede en la mayoría de municipios costeros, la venta ambulante ilegal se concentra en las playas y paseo marítimo, infringiendo los valores de limpieza, seguridad, servicios y tranquilidad en los que trabaja el municipio y que suponen esfuerzos por parte del Ayuntamiento para seguir contando con distintivos de calidad.
Respecto a la presencia policial necesaria para hacer frente a la venta ilegal, en la moción se detalla que "es realmente importante la partida presupuestaria que los municipios turísticos han de destinar a seguridad ciudadana. Durante las últimas temporadas estivales nuestros policías han dedicado la mayor parte del trabajo al control de la venta ilegal para atenuar los impactos negativos de esta actividad no autorizada sobre el comercio legalmente establecido".
"En definitiva, lo que pedimos es que, tanto desde Generalitat como desde el gobierno central, se nos ayude poniéndonos los medios necesarios para luchar contra esta actividad ilegal y valorando el daño que produce a los comercios de nuestras localidad", ha concluido la concejala Alejandra Roca.
