La Plataforma y la Asamblea deciden denunciar a la Conselleria de Infraestructuras Territorio y Medio Ambiente
La Plataforma No a la Contaminació y la Asamblea No a la Incineradora de l’Alcora, deciden denunciar a la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente.
Manifiestan que "después de año y medio de solicitada diversa documentación sobre algunas actividades de la empresa Reyval, la Dirección General de Calidad Ambiental ha quedado en evidencia. O no pueden o no quieren aportar la documentación solicitada. O están escondiendo su incompetencia a la hora de hacer cumplir la legislación ambiental en las AAI que concede a las empresas contaminantes, en este caso a la empresa Reyval Ambient, o quizás ocultan algo más".
La petición reiterada de las analíticas de inertización desde octubre de 2012, sin que se haya aportado esta documentación a la Plataforma supone el incumplimiento de la legalidad vigente en cuanto al acceso a la información medioambiental. Pero, también supone que la Conselleria no cumple sus obligaciones de controlar a las empresas contaminantes y de no perseguir de manera eficaz las presuntas irregularidades administrativas o posibles delitos.
La solicitud de realización de la toma de muestras en la actividad del vertedero y la evidente incapacidad de la Conselleria para realizarla y obtener posterior analítica de esas muestras, reiteran la evidencia de presunta ilegalidad en la omisión de actuaciones de la administración autonómica.
Después de la realización de los piezómetros para conocer la posible afección de las aguas subterráneas por la actividad de Reyval en la planta de tratamiento, se pudo conocer que existía contaminación del acuífero superficial al encontrarse niveles de plomo y selenio por encima de los límites legales, hasta 30 veces por encima, gracias a las analíticas trimestrales que la empresa debía aportar a la CHJ y a la Conselleria. La misma petición de piezómetros en el vertedero no ha sido ejecutada por la empresa y ha supuesto el cierre del mismo y la suspensión de la AAI en trámite, lo que obliga a las administraciones a la realización subsidiaria de estos piezómetros para poder vigilar durante los próximos 30 años la posible afección del vertedero a los acuíferos de la zona.
El destape de la irregular gestión de residuos sanitarios por parte de Reyval en Mayo de 2013 dejo en evidencia que la empresa no había aportado la documentación sobre la actividad del autoclave y por tanto incumplía la AAI y la legalidad vigente, al no cumplirse las condiciones que se le habían impuesto precisamente para proteger la salud y el medioambiente de la actividad. Ahora, después de realizada la inspección el pasado 15 de Enero y solicitada el acta de inspección, sin ninguna justificación legal, dicen que esa parte de la información es confidencial y que no la pueden ofrecer. “Se nos están riendo en la cara.”
El incumplimiento del convenio de Aharus y la legalidad vigente en cuanto el derecho de acceso de los ciudadanos a la información ambiental, así como la indefensión provocada por la ausencia de las pruebas solicitadas ha supuesto que en la Asamblea de ayer se aprobara la necesidad de presentación de las denuncias pertinentes ante la justicia.
Matizan por último que "ya está bien de palabras y que hay que pasar a la acción."
