Conselleria resuelve un nuevo expediente sancionador contra Reyval con 122.000 € de sanción

La Dirección General de Calidad Ambiental ha remitido a la Plataforma Ciutadana No a la Contaminació escrito en el que acepta la personación en el expediente sancionador 345/12, en el que se resuelve “imponer a Reyval Ambient,S.L. una sanción total de 122.000 €”.

La sanción acumula más de un incumplimiento de la legislación y de las resoluciones de la propia Conselleria de Infraestructuras Territorio y Medio Ambiente, al no hacer caso de la paralización de la actividad en el vertedero impuesta por resolución de la DGCA en julio de 2012 y que solo las repetidas denuncias de la Plataforma consiguieron que la actividad se paralizara en noviembre de 2012.

Además se constató en las inspecciones realizadas a raíz de las denuncias que los residuos que se vertían sin autorización en el vertedero tampoco cumplían los requisitos de inertizacion requeridos y se estaban entrando camiones de tierra de la mina del Charco para tapar las evidencias, lo que ya era habitual desde hacía mucho tiempo.

Por todo ello la Plataforma y la Asamblea Ciudadana contra la incineradora se congratula de que al final se haga cumplir la ley y se sancione a quien no la cumpla, haciendo verdad el lema de la legislación de “quien contamina, paga”. "Esperamos que sirva de ejemplo “para navegantes” cualquier manipulación de residuos peligrosos que por su naturaleza representan, en su mala gestión, un riesgo para la salud de la población que se debe evitar a toda costa".

También que el recurso que de seguro va a presentar la empresa contra esta sanción se resuelva favorablemente en el sentido de que se mantenga la sanción y se le haga pagar también los efectos negativos en la calidad de las aguas subterráneas y superficiales que supone el vertido de residuos peligrosos junto al barranco del Regatell.

Exigen la retirada de los residuos peligrosos mal inertizados del vertedero y la restauración completa del mismo a su estado anterior, en cumplimiento del artículo 89 de la ley 2/2006 el infractor “estará obligado a la reposición o restauración de las cosas al estado originario” bajo la responsabilidad directa de la propia administración competente que es la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. No estan de acuerdo en que se ejecute el proyecto de clausura si no incluye la eliminación física de los residuos peligrosos depositados en el vertedero para lo que no dispone de autorización.

Se preguntan por último "si hacen falta más expedientes sancionadores resueltos para suspender la gestión de residuos a la empresa Reyval ¿A que esperan?" Afirman que el riesgo es evidente, es muy elevado y la responsabilidad es de la administración autonómica y local.