Reyval Ambient pide al Síndic de Greuges que intervenga y exija que el ayuntamiento de l’Alcora cumpla sus obligaciones legales
Reyval Ambient ha remitido al Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana una queja formal y toda la argumentación jurídica correspondiente, para que exija al Ayuntamiento de L’Alcora el cumplimiento de sus obligaciones legales y el cese de la campaña de persecución administrativa y judicial contra la empresa.
En la queja presentada por Reyval Ambient se explica la realidad de todo el procedimiento. Desde la concesión, después de una tramitación de cinco años, de la Autorización Ambiental Integrada en junio del 2011, hasta las numerosas trabas administrativas y legales a las que ha estado sometida la empresa por parte de la corporación municipal de L’Alcora. Todo ello sin olvidar la participación activa e irresponsable del gobierno municipal en una brutal campaña de desprestigio basada en graves mentiras sobre supuestos daños sobre la salud pública, no sólo de la futura instalación, sino de la actual actividad de Reyval Ambient.
Reyval ha puesto en manos del Síndic todos los antecedentes jurídicos con todas las sentencias favorables a Reyval Ambient.
Reyval Ambient expone ante el Defensor del Pueblo valenciano, que la actitud y labor obstaculizadora del Ayuntamiento es reiterativa desde hace años. El Ayuntamiento ha judicializado de manera anormal la actividad profesional de Reyval y le ha obligado a sufrir costes y dilaciones para poder obtener las licencias y autorizaciones municipales necesarias para su actividad. Todo ello ha repercutido muy negativamente sobre la empresa, más aún, cuando Reyval Ambient ha tenido que ir ganando todos y cada uno de los procedimientos judiciales. Hasta el punto que los jueces han dirigido en sus sentencias severas advertencias al Ayuntamiento, recordándole que está incurriendo “en temeridad en la imposición de sanciones reiteradas a la mercantil recurrente, que prácticamente impiden el ejercicio de su actividad, y que han sido todas ellas anuladas en vía contenciosos-administrativa”.
Reyval Ambient le explica al Síndic que los plazos de tiempo de la AAI deben ser cumplidos, pero que ante las trabas administrativas y legales del Ayuntamiento de L’Alcora, ha solicitado una prórroga de tres años de los plazos de la primera fase de la AAI y una prórroga de seis años para la ejecución de la segunda fase.
Esta prórroga viene motivada tanto por la obstaculización administrativa por parte del Ayuntamiento en la obtención de las licencias de obras, como por la persecución judicial con la interposición de un recurso de alzada –ya resuelto a favor de Reyval Ambient- y de un recurso contencioso-administrativo –pendiente de resolución-.
En la queja presentada ante el Síndic de Greuges se hace una mención especial a la participación activa del Ayuntamiento en una brutal campaña de acoso y hostigamiento cuyos resultados están repercutiendo de manera muy negativa, no ya en la futura instalación, todavía sin construir, sino en la actividad actual de Reyval Ambient. A los efectos devastadores de la crisis económica, Reyval además debe sumar los daños sobre su facturación ocasionados por las constantes trabas administrativas del Ayuntamiento y la presión sobre sus clientes con informaciones y noticias falsas, muy perjudiciales para el prestigio profesional de Reyval Ambient.
Por todo lo expuesto, y ante la situación de grave peligro de continuidad de los actuales puestos de trabajo de Reyval Ambient por la actitud de dilación y trabas administrativas del Ayuntamiento de L’Alcora, Reyval solicita que el Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana intervenga. Reyval Ambient insta al Gobierno municipal a la responsabilidad política y sobre todo, al cumplimento de su obligación legal de no intentar dilatar los plazos de tiempo otorgando las licencias oportunas para el desarrollo de un acto reglado como es una AAI. Según el ordenamiento jurídico, la reiteración municipal en su estrategia de interrumpir plazos, puede traer en un futuro inmediato, responsabilidades por presunta prevaricación tanto a los funcionarios públicos, como a los cargos políticos correspondientes.
Al mismo tiempo Reyval Ambient solicita amparo al Síndic de Greuges para que inste al Gobierno Municipal de L’Alcora a cesar en la campaña brutal de acoso, hostigamiento y persecución que se ha organizado con la autorización y medios públicos facilitados desde el Ayuntamiento de L’Alcora. Una campaña de agitación y propaganda basada en graves falsedades, que crea miedo y alarma social y que está ocasionando graves perjuicios en nuestro trabajo y normal funcionamiento de la empresa.
