El Síndic de Greuges “recomienda” a Conselleria que responda al recurso de alzada presentado por el Ayuntamiento de l'Alcora contra la incineradora de Reyval
El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha remitido a la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente una carta en la que “recomienda” a esta institución que responda al recurso de alzada interpuesto el 5 de julio de 2011 por el Ayuntamiento de l'Alcora. En su recurso el Ayuntamiento pide a Conselleria que anule la concesión de la AAI al proyecto de incineradora de residuos tóxicos y peligrosos de Reyval. El Ayuntamiento alega la incompatibilidad de dicho proyecto con el plan general urbanístico del municipio.
Otras asociaciones como la Plataforma No a la Contaminació, Ecologistes en Acció o la Confederación General de Trabajadores también interpusieron en julio recursos de alzada contra Conselleria, alegando la existencia de numerosas irregularidades en el proceso de adjudicación de la AAI. Entre ellas, destaca la inclusión de modificaciones sustanciales en el proyecto sin haberse realizado el pertinente trámite de exposición pública.
Desde entonces Conselleria ha aplazado su respuesta a estos recursos de manera reiterada, unilateral, injustificada y, ahora, indefinida, con lo cual ha incurrido en silencio administrativo. Ante este silencio, la Plataforma prevé, junto con el Ayuntamiento de l'Alcora y otras asociaciones ciudadanas, pasar a la vía judicial y presentar un recurso contencioso administrativo. Sin embargo, José Cholbi entiende que esta situación en ningún momento exime a Conselleria de responder al recurso. Tal como afirma en su carta:
“Esta institución [el Síndic] considera que la persona física o jurídica que presenta un recurso de alzada está facultada, pero no obligada, a interponer el recurso jurisdiccional correspondiente una vez transcurrido el plazo de 3 meses para su resolución, ya que lo que no desaparece nunca, por mucho tiempo que transcurra, es la obligación de dictar resolución expresa y motivada en contestación a todas las cuestiones planteadas en el recurso de alzada”.
Cholbi recuerda a Conselleria que tiene la obligación constitucional de cumplir “razonablemente” con las expectativas de los ciudadanos. En este caso, el de resolver las reclamaciones y peticiones presentadas ante ella:
“El principio de eficacia (art. 103.1 de la Constitución Española) exige de las Administraciones Públicas que se cumplan razonablemente las expectativas que la sociedad legítimamente le demanda, entre ellas, y harto relevante, el deber de la Administración de resolver expresamente las peticiones y reclamaciones que le presenten las personas interesadas, ya que el conocimiento cabal de la fundamentación de las resoluciones administrativas, constituye un presupuesto inexcusable para una adecuada defensa de sus derechos e intereses legítimos”.
Tras realizar un breve repaso a los motivos que subyacen al recurso de alzada presentado por la Plataforma, Cholbi concluye que “estimamos oportuno RECOMENDAR a la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente que se dicte resolución motivada en contestación a todas y cada una de las cuestiones planteadas en el recurso de alzada presentado contra la Resolución de 15 de junio de 2011 de la Dirección General para el Cambio Climático", por la que se otorga la AAI a la planta de incineración de residuos tóxicos y peligrosos proyectada por Reyval Ambient.
Esto, añade el Síndic, "teniendo especialmente en cuenta el informe emitido por la arquitecta municipal con fecha 26 de octubre de 2011, en el que se concluye que 'atendiendo al tenor literal de las Ordenanzas del PGOU, puede concluirse que en el día de la fecha de emisión del anterior informe, 23 de octubre de 2006, la actividad no resultaba compatible con el planeamiento vigente' ".
En su carta José Cholbi concede a Conselleria un mes de plazo para que “nos informe si acepta esta recomendación o, en su caso, nos ponga de manifiesto las razones que estime para no aceptarla". Mientras tanto, miles de ciudadanos ven cómo se agota su paciencia atendiendo una respuesta que la consellera, Isabel Bonig, se niega a dar.
