Queda desierto el concurso para la reposición de la Zona Verde de La Rosaleda

El concurso para llevar a cabo el proyecto constructivo para reforma del edificio de aparcamientos subterráneos y reposición de zona verde en su cubierta en la plaça de La Constitució (La Rosaleda) para cumplir con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha quedado desierto.

La licitación de la obra se aprobó el pasado mes de diciembre, contando con un informe técnico que viabilizaba la ejecución del proyecto redactado en 2020, al considerar que la subida del precio de algunas partidas por el incremento a su vez de materiales como hierro y cemento, podían verse compensadas con el resto de partidas y en todo caso repercutiendo en una reducción en el porcentaje de bajas ofertadas por los licitadores.

Habiendo expirado el plazo y no presentarse ninguna empresa, hecho que viene sucediendo en las licitaciones públicas de grandes proyectos de todas las administraciones, el Ayuntamiento ha iniciado el expediente para la revisión de precios sobre el proyecto, con la intención siempre de cumplir con la legalidad con el menor coste posible para la ciudadanía, aunque no deja de ser cierto que esta actualización supondrá una elevación sustancial del coste de la actuación que recordamos tenía un presupuesto base de licitación de 2.438.066,73 euros (IVA incluido) con un plazo de ejecución de 10 meses.
El objetivo es que todos los trámites se realicen en el menor plazo de tiempo, y poder licitar de nuevo la obra con la previsión de que esté adjudicada a la vuelta del verano.

Con esta actuación se pretende dar cumplimiento a la sentencia generando en esta área un jardín que cumpla con las especificaciones relativas a zonas verdes y con las normativas de accesibilidad pertinentes. Las obras básicamente consistirán en la demolición del forjado de cubierta para su nueva ejecución conforme las nuevas solicitaciones estructurales (capa de tierra de 80 cm y arbolado), así como el refuerzo de todos los elementos estructurales, desde pilares hasta losa de cimentación e incluirá la zona verde correspondiente.

“Nuestro objetivo siempre ha sido el de cumplir con la legalidad, y esto pasa por ejecutar la sentencia, eso sí ajustando el coste del proyecto para que los alcoyanos no paguen de más por una obra de urbanización que pesa aún sobre las arcas municipales. Este proyecto está siendo un proceso complejo judicialmente, la situación de apremio respecto de la ejecución de la sentencia junto con la posibilidad de encaje de precios observada técnicamente, cuya tendencia indicaba a la baja en el momento de la licitación de la obra, nos llevó a abrir el proceso, que ahora debemos retomar actualizando precios. La situación es compleja para todas las administraciones puesto que como vemos, día tras día los precios siguen subiendo. Lo cierto y seguro es que hay que cumplir con la sentencia, reponer la zona verde en la Rosaleda, y aún a nuestro pesar, este mandato prima aunque los precios de construcción se incrementen no pudiendo demorar la ejecución a una futura bajada de los mismos. No obstante si alguien busca culpables, en el Partido Popular está la solución”, ha afirmado el concejal de Urbanismo, Jordi Martínez.

Esta actuación permitirá restituir la zona verde de la Rosaleda, y cumplir la sentencia que consideraba ilegal el proyecto de esta plaza. Recordamos que durante el verano de 2001 el ayuntamiento de Alcoy inició los trámites para la construcción de un aparcamiento subterráneo en la plaça de la Constitució, licitando la obra y lo adjudicó a la unión temporal de empresas Enrique Ortiz e Hijos y Auplasa, con un proyecto que no respetaba la zona verde. La Carrasca-Ecologistes en Acció y un grupo de vecinos presentaron un recurso contencioso-administrativo y pidieron la suspensión cautelar de las obras, pero el Tribunal la denegó porqué el Ayuntamiento alegó que la eliminación de la zona ajardinada era transitoria, puesto que el concesionario tenía que reponerla exactamente en la misma situación en que se encontraba antes de las obras, algo que resultó incierto. Por este motivo presentaron un recurso contencioso administrativo que fue aprobado en una sentencia del TSJ emitida en octubre de 2005, ratificada posteriormente por el Tribunal Supremo y por el Constitucional, obligando al Ayuntamiento de Alcoy a reponer la zona verde.