El Pleno de Alcoy acuerda la permuta del edificio de la placeta de la Mare de Déu por tres inmuebles de la Generalitat

El Pleno Municipal ha aprobado con el voto favorable de PSOE, abstención de Podemos, Ciudadanos y Vox y votos en contra de PP, Ganar y Compromís la permuta del inmueble municipal situado en la placeta de la Mare de Déu, donde están los nuevos juzgados, por tres edificios que actualmente son propiedad de la Generalitat Valenciana. El siguiente paso será la aprobación por parte del Pleno de la Generalitat.

Recordamos que al mes de marzo de 2017 la conselleria de Justicia y el gobierno de, Toni Francés, inauguraban unos nuevos juzgados a la placeta de la Mare de Déu. Además de conseguir unos juzgados dignos para toda la comarca, el ayuntamiento quería una compensación económica a los alcoyanos por el coste de los nuevos juzgados que asumió el anterior gobierno local del Partido Popular. El acuerdo se concretó en una permuta de tres edificios de propiedad autonómica que pasarán en manos locales a cambio del edificio de la mare de Déu. Los tres edificios que serán municipales tienen un coste superior a los 3,5 millones de euros.

Después de muchas reuniones y trabajo por parte de la comisión de seguimiento a lo largo del 2017, se llegó con un acuerdo que contempla una permuta por la cual el edificio de los actuales juzgados de la placeta de la Mare de Déu pasarían a ser propiedad de la Conselleria de Justicia y, a cambio, tres inmuebles propiedad de la Generalitat Valenciana pasarían a ser propiedad del Ayuntamiento de Alcoy. Los edificios que pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento y que actualmente son de la Generalitat son: El Edificio calle Pintor Casanova 10; actualmente acoge el departamento de Medio Ambiente y Educación. El Edificio Plaza Blai Domingo Llidó 1, Centro Social de la Zona Nord. El Edificio Calle General Prieto, 16. Escoleta Infantil Zona Nord. La valoración de estos tres edificios supera los tres millones y medio de euros y así los alcoyanos y alcoyanas veremos recuperada la inversión hecha.

El alcalde Toni Francés ha declarado: «Una vez más este gobierno es el que ha encontrado una solución en los problemas económicos y judiciales en que nos metió la mala gestión del Partido Popular. Tenemos muchos ejemplos que suman muchos millones de euros: el Bulevar, la Rosaleda, Serelles o estos juzgados son solo algunos. Con este acuerdo, los alcoyanos recuperamos la inversión hecha en los juzgados de la Mare de Déu, un coste que tendría que haber asumido desde un primer momento la Conselleria de Justicia. Las nuevas instalaciones han supuesto que ya tengamos un servicio de justicia adecuado tanto para nuestra ciudad como para la comarca con unas instalaciones dignas al mismo tiempo que se ha revitalizado una zona degradada en el centro de Alcoy, aportando servicios y seguridad en esta área del centro histórico».

«Es cierto que yo dije que este edificio era ilegal mientras no tuviera un convenio, por eso firmamos un acuerdo con la Generalitat en 2016, para hacerlo legal».

«La permuta como todos saben es intercambiar un bien por otro de similar valor, este acuerdo se ha tomado basándose en tasaciones hechas por las dos partes, Generalitat y Ayuntamiento sobre los mismos bienes, y han coincidido en las valoraciones. Acusar de estafa el acuerdo obtenido, implica despreciar el trabajo que técnicos de esta casa y de la Generalitat que han desarrollado con total imparcialidad, como siempre. En este caso, con el convenio firmado la actuación es completamente legal, aun así invitamos a quién crea que hay alguna irregularidad a hacer una denuncia y demostrarlo a los tribunales».

Hay que recordar que en 2004 el PP popular inició los trámites para construir unos nuevos juzgados en Alcoy, juzgados que fueron construidos por el Ayuntamiento asumiendo una competencia que no le correspondía y sin ningún convenio que garantizara como iban a recuperar los alcoyanos y alcoyanas la inversión hecha. Las obras supusieron un coste de más de 3 millones de euros. 11 años después y con el paso de un total de 6 consellers de justicia, Alcoy continuaba con unos juzgados, con denuncias de insalubridad y unas condiciones precarias que necesitaban una solución inminente.

El cambio de gobierno el 2011, supuso que el nuevo alcalde, Toni Francés, intentara desde 2011 llegar a un acuerdo con la Consellería de Justicia porque los juzgados se pudieron trasladar a las nuevas instalaciones y el Ayuntamiento sería compensado por las inversiones hechas pero el acuerdo no fue posible, puesto que el Gobierno de la Generalitat del PP quería el edificio de la Mare de Déu sin dar nada a cambio.

En 2015, con un cambio de color político a la Generalitat, finalmente, se consiguió en 2016 firmar un convenio, por el cual se le cedía a la Consellería el edificio de la Virgen María porque Alcoy tuviera nuevos juzgados, puesto que la situación precaria del edificio de la Plaza Al-Azraq era insostenible.