El Consell aprobará un decreto para pagar las costas judiciales de los afectados de Ardystil
Más de 20 años después, los afectados del caso Ardystil, muchos de ellos trabajadores de aerografías de Alcoy y Cocentaina, tanto en la misma empresa Ardystil como otras empresas del sector, han recibido perdón por parte de la Generalitat, institución que representa a todos los valencianos, en la persona del Presidente, Ximo Puig. Además, esta misma semana, el Gobierno realizará un decreto donde dará ayudas a los afectados para cubrir los gastos judiciales por una cantidad total que stará alrededor de los 500.000 euros.
El alcalde, Toni Francés, que ha acompañado a los afectados hasta el Palau de la Generalitat ha recalcado la importancia de esta reunión: “Las Cortes aprobaron en los años noventa por unanimidad que la Generalitat pagara las costas judiciales de los afectados pero en más de 20 años de gobierno del Partido Popular, no solo no se cumplió esta promesa sino que condenaron al olvido más absoluto a toda esta gente. El calvario que han pasado los afectados y sus familias no se puede borrar pero, hay que destacar la implicación personal del Presidente y la clara intención de reparación con el pago de las costas judiciales que tiene el Gobierno valenciano».
Puig ha afirmado que este encuentro forma parte de «la reparación histórica de un accidente laboral que tuvo una dimensión enorme en la década de los 90 y que no tenía una solución definitiva». El presidente también ha añadido que una mala actuación provocó «consecuencias terribles como la muerte y problemas para toda la vida» y ha expresado que el Consejo «debe de dar cobertura a estas situaciones».
Hay que recordar que el 1992 morían varias personas y otras muchas sufrían importantes dolencias y secuelas para toda la vida, todos ellos, trabajadores de diferentes aerografías, dando nombre a la conocida como «Síndrome Ardystil» . La sentencia de la Audiencia de Alicante del 30 de junio de 2003 determinó que la propietaria de la empresa Ardystil cometió un delito contra la seguridad de los trabajadores y un inspector de trabajo que visitó la misma, una imprudencia temeraria. Pero la sentencia, ratificada por el Tribunal Constitucional, solo indemnizó a los 26 afectados de la empresa Ardystil y a los familiares de las víctimas pero no llegó al resto de afectados de otras empresas, muchos de los cuales habían realizado importantes gastos para pagar las costas judiciales. Se calcula que estos gastos están alrededor de los 500.00 euros, cantidad que el Gobierno de la Generalitat pretende abonar a los afectados una vez publicado el decreto que tiene previsto realizar esta misma semana.
