25 de febrero de 2021 25/2/21

Aerte desaprueba que el Gobierno "pueda siquiera plantearse un nuevo recorte en los derechos de las personas dependientes"

Aerte desaprueba que el Gobierno "pueda siquiera plantearse un nuevo recorte en los derechos de las personas dependientes" - (foto 1)
  • Para la patronal de la dependencia los recortes anunciados en el sistema impedirían a miles de dependientes llevar una vida mínimamente digna

  • Aerte anuncia acciones judiciales y recursos dirigidos a ciertas medidas poco equitativas, como la del Bono, tomadas por el Gobierno valenciano

Para Aerte, Patronal de la Dependencia en la Comunidad Valenciana, los nuevos recortes anunciados por el Gobierno en Dependencia impedirían a miles de dependientes vivir con un mínimo de dignida, vulnerando, con esta medida, los derechos de los dependientes y faltando, a su vez, al compromiso que asumió el Estado con la población dependiente, cuyos recortes anunciados de forma unilateral por el Gobierno, son rechazados por Aerte.

Según la patronal de la dependencia en Comunidad valenciana, esta nueva medida de ajuste, junto a los retrasos en los pagos, la disminución de beneficiarios de las prestaciones, el incremento del copago por los dependientes y todos los expedientes bloqueados que dejan sin atención a miles de dependientes con derecho reconocido, certifican la extinción objetiva de la Ley de Dependencia.

Así lo ha manifestado María José Mira, directora general de Aerte, quien ha subrayado la contradicción que supone recortar en la aplicación de derechos fundamentales para las personas Dependientes mientras que, por otro lado, se mantienen estructuras de despilfarro que hacen más injusta e insostenible la situación en la que se encuentran nuestros Dependientes.

Para la directora general de Aerte, no es de justicia que en España se destinen fondos públicos millonarios como grandes obras e infraestructuras que no ofrecen rentabilidad, cuando la alternativa que se ofrece como ahorro sea dificultar, aún más, el día a día de miles de personas dependientes y especialmente vulnerables.

Máxime cuando se ha demostrado con estudios independientes la rentabilidad económica del sector en retornos vía impuestos como IVA o IRPF, recaudación en seguridad social, etc, que suponen los fondos destinados a este sector, así cómo el impacto directo sobre el empleo, dado que se genera un trabajador directo por cada 2 plazas residenciales según la legislación existente.

Obviamente el simple anuncio de aplicación de nuevas medidas de recortes, además de ser socialmente perversas -dado que afectan a aquellos ciudadanos más débiles- conllevarían una destrucción de empleo más elevado que en otros sectores por la misma argumentación anterior. Aun se entienden menos estos anuncios, afirma la directora general cuando los políticos actuales no dejan ocasión para declarar su preocupación por las estadísticas de desempleo.

María José Mira califica estos nuevos ajustes presupuestarios anunciados como “medidas impropias de un sistema democrático comprometido con la salud y la calidad de vida de sus ciudadanos”.

Cuando el pasado julio el gobierno anunció modificaciones en la Ley Dependencia que racionalizaban su aplicación, Aerte inocentemente aceptó dichas medidas por entenderlas como un comienzo de exigencia hacia la profesionalización del sector asumiendo que así, la ley de dependencia, se convertía en una ley de servicios.

Siempre creímos, señala Mira, que con los ahorros que se generaban al aplicar medidas de ajuste, como la modificación en los criterios del copago, se iban a atender a las personas en situación de dependencia que todavía no están asistidas. Nunca imaginamos, comenta la directora general de la Patronal, que los ahorros irían encaminados a recortar presupuesto directamente.

Aerte anuncia demandas judiciales

Ante esta situación y tal y como propusieron y aprobaron los asociados de AERTE en su reciente Asamblea General anual, la patronal de la Dependencia sólo ve una solución a la cegera e incapacidad que muestran nuestros dirigentes y que nunca se ha querido aplicar: aconsejar a los dependientes a que emprendan acciones jurídicas que puedan traducirse tanto en la reclamación del cumplimiento de la Ley de Dependencia en sus plazos, como en el respeto a la libertad de elección del usuario que ésta establece.

Aerte también ha anunciado otras acciones jurídicas como recursos contra las órdenes de Bono (por entender que se tratan de plazas concertadas de centros que deben de tratarse equitativamente que el resto de operadores del sector) y contra la supuesta firma de un contrato que sólo beneficiaría a unas pocas empresas en detrimento de la gran mayoría del sector cuando el coste de dichas plazas es justo el doble que las ayudas de la dependencia; así como contra los concursos públicos del sector que se liciten por debajo del coste legal.

La patronal no ha tenido más remedio que personarse, por tratarse de un tema que afecta a la mayoría de sus asociados, en todos los recursos presentados por algunas empresas que defienden una falsa exclusividad del concierto de sus plazas frente a cualquier otro tipo de financiación pública.

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