AERTE alerta sobre la situación de incertidumbre en los centros por la falta de aclaraciones sobre la aplicación del copago del gasto farmaceutico
Las residencias no podrán implantar el sistema informático con el que se aplica el copago farmacéutico ni han recibido las instrucciones necesarias para llevarlo a cabo
La patronal recuerda que la coordinación público-privada es fundamental para mantener el bienestar y la calidad de vida de las personas en situación de dependencia y sus familias
La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte) ha señalado hoy que los usuarios de los centros que agrupa se encuentran en una situación de desconocimiento e incertidumbre en lo referente a la aplicación del RDL 16/2012 por el que se establece el copago de los medicamentos, a 10 días de su entrada en vigor.
La Gerente de la patronal, María José Mira, ha afirmado estar aún a la espera de recibir instrucciones claras sobre la fórmula que se utilizará para la aplicación del copago y de los topes mensuales en los diferentes casos en los que se encuentran sus centros asociados, a menos de dos semanas para su aplicación, lo que genera preocupación por el procedimiento seguido hasta ahora, que les ha conducido a una situación de inseguridad y gran desconcierto.
Según Mira, tras hacer llegar en diferentes ocasiones las inquietudes de los asociados a los técnicos de la Dirección General de Farmacia -para poder organizar una jornada informativa- aún continúan a la espera de una respuesta que permita el desbloqueo de la actual situación. Somos conscientes de que incluso ni la misma Consellería es capaz de poder dar respuesta a todas nuestras inquietudes pero esto no nos tranquiliza ni lo más mínimo, ha manifestado Mira.
Agravios comparativos entre usuarios
La gerente de Aerte ha afirmado que, con el paso de los meses, los centros asociados han percibido cómo se han complicado aún más los procedimientos por los que éstos pueden adquirir el material sanitario y de curas, e incluso los medicamentos, viendo con ello dificultada la prestación de un servicio necesario para mayores y dependientes.
En este sentido, M. José Mira ha reclamado igualdad de trato para los usuarios, al margen de que estén o no institucionalizados, y que no se produzcan agravios comparativos entre usuarios de una determinada zona quienes tendrán que pagar el material de curas como el agua oxigenada o el alcohol, mientras que otros, de otra zona, no lo tendrán que hacer.
Mira ha manifestado su preocupación frente a situaciones de lesa gravedad, citando como ejemplo a los residentes en centros privados quienes tienen un procedimiento para el copago farmacéutico establecido (y que tampoco puede aplicarse en los centros por estar colapsados los servicios informáticos de la Consellería) frente a los que se encuentran en centros públicos, que todavía no lo tienen por no tenerlo claro. Este agravio genera un trato de dos velocidades para los usuarios alejado de los valores de Aerte.
Algo parecido pasa entre los usuarios de Centros de Día, con trato como pacientes del sistema ambulatorio por tener su residencia habitual en sus viviendas o los residentes en centros socio sanitario.
Tampoco existen unas directrices claras en el RDL 16/12 del Ministerio de Sanidad sobre la aplicación de la exención en el caso de personas con discapacidad, lo que ocasiona que, desde la Direccion General, tampoco puedan resolver todas las inquietudes que planteamos.
La gerente de AERTE recuerda que los empresarios del sector llevan tiempo defendiendo la necesaria coordinación entre todos los agentes implicados en el sistema que permita alcanzar los objetivos establecidos de la forma más eficiente, teniendo siempre en cuenta los problemas de la gestión diaria en los centros que atienden a personas dependientes.
Aerte reclama desde hace meses una coordinación entre las Consellerías a las que pertenecen las empresas del sector. “No es posible que un centro que está autorizado para funcionar por cumplir con la normativa según la Consellería de Bienestar Social, a la cual pertenecemos, después tenga problemas para obtener la autorización sanitaria por no basarse en la misma norma” ha manifestado María José Mira.
Esto se agrava cuando a los centros, que funcionan con programas de gestión adaptados a la normativa de Bienestar Social, que se han configurado tras años de trabajo con una amplia coordinación interdisciplinar entre los profesionales, se les pretende exigir ahora que trabajen con la aplicación de Sanidad, lo que supone mantener ambas aplicaciones actualizadas constantemente y sin ningún tipo de apoyo.
Mira comenta que, a principios de año r solicitaron un calendario de actuación de todas las fases por las que por las que tenían que pasar las empresas tanto en la implantación del nuevo programa informático, como en la gestión de la central de compras de material sanitario o la implantación del reciente RD por la que hay que co pagar los medicamentos. El único fin era no tener que encontrarnos con la situación actual de tener que actuar con prisas y sin toda la información necesaria.
