Abierta la consulta pública sobre el Anteproyecto de Ley para reforzar la seguridad jurídica en el ámbito de la planificación territorial y urbanística
Durante los próximos quince días, organizaciones y asociaciones, así como cualquier ciudadano, podrán hacer llegar sus comentarios sobre el texto publicado en el portal de Mitma
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha abierto hoy, a través de su página web, la consulta pública sobre el documento por el que se argumenta y justifica la reforma de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobada por Real Decreto legislativo 7/2015, de 30 de octubre, a través de un Anteproyecto de Ley cuyo objetivo es reforzar la seguridad jurídica en el ámbito de la planificación territorial y urbanística.
Mediante la citada reforma, el Gobierno quiere dotar a los planes de ordenación territorial y urbanística de la estabilidad, certeza y seguridad jurídica que precisan y busca proteger no solo intereses territoriales, sino también sociales, económicos y medioambientales.
Los planes territoriales, y sobre todo los urbanísticos, son una herramienta imprescindible para el desarrollo urbano y rural sostenible, para la ejecución de la política de vivienda, así como para relevantes políticas económicas, cuya incidencia en la economía nacional y en la creación de empleo son claves, y más en el momento presente.
En el contexto de la pandemia de la COVID-19 es necesario garantizar que las inversiones con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia no encuentren barreras insalvables en un planeamiento urbanístico obsoleto y desactualizado, impugnado o anulado.
Asimismo, estos instrumentos de planificación también son imprescindibles para que las ciudades puedan contribuir a mitigar los efectos del cambio climático y para adaptarse a ellos, vinculando la edificación con el clima local y exigiendo a la planificación nuevos contenidos relacionados con la eficiencia energética.
Medidas del anteproyecto
Las medidas planteadas son, por un lado, las relacionadas con la naturaleza de los instrumentos de planificación y de los efectos que tiene su anulación y, por otro, las de carácter procesal, que tratan de evitar consecuencias anulatorias desproporcionadas.
Ambas responden a las previsiones del Plan de Acción de la Administración General del Estado que incluye la Agenda Urbana Española y que buscan innovar el marco legislativo estatal para garantizar la seguridad jurídica y la estabilidad de los instrumentos de planificación territorial y urbanística’. También pretenden lograr un marco normativo y de planeamiento actualizado, flexible y simplificado que mejore la gestión.
La consulta pública se realiza de conformidad con lo establecido por los artículos 133 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 26.2 de la Ley 50/1997 del Gobierno, con el objetivo de mejorar la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley. Con este procedimiento, tanto las organizaciones y asociaciones más representativas potencialmente afectadas por la futura norma, como cualquier ciudadano, podrán hacer llegar sus comentarios sobre los textos publicados en el portal del Ministerio durante los próximos quince días.
El documento sometido a consulta pública es un paso fundamental para atender las preocupaciones expresadas por ayuntamientos y comunidades autónomas. En sus responsabilidades urbanísticas y territoriales, respectivamente, recaen la satisfacción de los intereses generales en estos ámbitos y la respuesta a las necesidades de la ciudadanía con instrumentos fiables, transparentes, ágiles, seguros y estables.
