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Cuando está Zaplana por medio…

27/04/2017 Jesús Valle Martínez
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La cimentación principal sobre el que se sustenta una democracia es la separación de poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial deberían ser independientes entre sí. Así nos lo enseñó la Revolución Francesa, un lejano 1789. No por casualidad sino por ser un avance gigantesco para la civilización, aquel hito histórico marca el inicio de la Era Moderna.

También debemos ser cautos en nuestra comparativa. Los franceses gozan de un régimen democrático madurado durante siglos y consolidado. El nuestro es adolescente y prematuro, como así lo demuestran las continuas intromisiones políticas y de los principales lobbies nacionales en el trabajo de jueces y fiscales.

La independencia de la judicatura española se ha ido difuminando hasta convertirse en un horizonte borroso. El poder legislativo sigue decidiendo el color político de las vocalías del órgano superior del Poder Judicial. Una práctica habitual o principio de alternancia judicial, que lejos de plantearse cualquier inmoralidad, estaba ya aceptada por nuestros parlamentarios. Pero desde que renacuajos de corrupción iban copado de ranas la charca de Génova 13, el baile de jueces, fiscales y altos cargos del Consejo General del Poder Judicial ha sido tan intenso como interesado.

Manuel Moix, fiscal jefe de Anticorrupción y José Manuel Maza, Fiscal General del Estado, dejan la independencia de la Justicia española a los pies de los caballos. Para los que no le conozcan, Moix fue fiscal jefe de la Comunidad de Madrid y cuenta con reconocido historial meritocrático. Cuando es Eduardo Zaplana, quien atesora su gran labor, la conocida banda sonora de Ennio Morricone debería atronar nuestra cabeza.

Rechazó acusar a Esperanza Aguirre de desobediencia y desacato a la autoridad en su famosa fuga antes agentes de movilidad. Se negó rotundamente a que Rodrigo Rato pasara la noche en el calabozo tras ser detenido por fraude, desfalco y blanqueo de capitales. Trabajó incansablemente por archivar el caso de los espías pagados por el erario público madrileño para debilitar políticamente a los rivales de la condesa que jamás tuvo contacto alguno con su entorno.

En cambio, sí hizo cuanto puedo para impulsar la acusación contra el juez Elpidio Silva por atreverse a que Miguel Blesa durmiera una noche en Soto del Real hace casi cuatro años. No contento con eso, Manuel Moix se fajó para iniciar un proceso penal contra los medios de comunicación que osaran investigar los correos Blesa y los registros de las tarjetas black. Sí, esas cargadas con dinero procedente del rescate bancario y que acabaron, nadie sabe cómo en mariscadas, lencería, copas y scorts de lujo. Según palabras del jefe de Anticorrupción: “de lo poco que he leído de esos correos, no se desprende ningún hecho ilícito”.

Que Ignacio González califique al jefe de Anticorrupción como “tío serio y bueno” y que “si sale él, va a ser cojonudo” cuando Moix ya había recibidio en 2009 todos los datos del entramado dedicado a lucrarse en torno a las empresas del Canal de Isabel II cuyos accionistas eran su hermano Pablo y su cuñado Juan José Caballero, es muy grave. Paradójicamente, el fiscal aseveró que no sólo no existía indicio o rastro delictivo alguno, sino que tampoco había mísera sospecha. El hedor a corrupción en la organización interna del partido del gobierno era ya insoportable.

Pese a los esfuerzos del “Don Tancredo” Moix para detener la Operación Lezo, algo ha empezado a cambiar. Los fiscales, hartos de prostituir su honorabilidad, se revelaban invocando una norma que permite convocar a la junta de Anticorrupción en caso de disenso. La operación policial que ya estaba preparada se efectuó e Ignacio González fue detenido.

Desayunar con otro caso de corrupción en el seno Partido Popular ya es cotidiano. Lo realmente grave es que se siga permitiendo elegir a dedo a quien debe velar por la transparencia política, ya que caprichosos destinos del azar, o no, el elegido siempre es la persona más preparada para archivar según qué casos y proteger a La Mafia.

Y ¿aún tienen la poca vergüenza de afirmar que la ley es igual para todos, que el Estado de Derecho funciona y hasta de pedirnos que confiemos en la justicia?


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