El Ayuntamiento de Vinaròs anuncia el inicio de un expediente de amortización de terreno rústico para asumir las obligaciones que le vienen impuestas por el TSJCV

El edil de Hacienda y Empleo, Juan Amat, ha anunciado la notificación al Ayuntamiento del Auto de la Sección Segunda de la Sala de lo Contenciosos Administrativo del TSJCV, en virtud del cual se impone al Ayuntamiento la obligación de pagar 1.237.841 euros en el plazo de tres meses, como consecuencia de la ejecución de sentencia de fecha 19 de mayo de 2004 en relación con el conocido como “caso Arizmendi”.

Amat anunciaba al respecto que ante la imposibilidad material de poder dar cumplimiento al mandato judicial en el plazo dado, el Ayuntamiento se ve en la obligación de iniciar un expediente de amortización de suelo rústico, para poder así tratar de obtener recursos, con los que hacer frente a este pago sin aumentar las cargas tributarias a los ciudadanos del municipio.

A su vez matizaba que las fincas que se pondrán a la venta estarán todas ellas incluidas únicamente en las fases dos, tres y cuatro de “Soterranyes”, de tal forma que la fase uno del polígono que, a día de hoy es la única fase que no se ha paralizado, no se vería en nada afectada por esta medida.

También se destacaba por Amat, el hecho de que esta medida se adopta obligados por las circunstancias, ya que la única alternativa a la amortización de patrimonio hubiera sido el aumento de las cargas tributarias, opción que el concejal ha anunciado el equipo de Gobierno no contempla bajo ningún supuesto.

Respecto a la conveniencia de optar por la amortización de estas fincas y no por la del “Carrer Major”, el edil ha explicado que para poder amortizar la segunda, se requeriría de una previa recalificación urbanística que automáticamente supondría una devaluación de la misma, al pasar de ser dotacional deportivo a suelo rústico, con el perjuicio que ello ocasionaría para el conjunto de los vinarocenses.

A la vez que también ha señalado que respecto a la finca del “Carrer Major” hay iniciado una solicitud de expropiación al Ministerio, cuyo fundamento para justificar el valor de la misma es su calificación urbanística y que sería contraproducente convertirla en suelo rústico a iniciativa del Ayuntamiento para poder amortizarla, cuando ni tan siquiera estamos en disposición de saber si alguna de estas fincas va a despertar interés para alguien y se van a poder vender.

Amat finalizaba su intervención señalando que es el actual equipo de gobierno quien está asumiendo el cumplimiento de las sentencias que este Ayuntamiento tiene pendientes desde hace varias legislaturas, siendo este caso una muestra más de ello, y ha señalado que “cuando llegamos al gobierno municipal hicimos las modificaciones pertinentes para acotar las solicitudes de expropiación, poniendo solución al origen del problema, y cuando acabemos la legislatura también habremos pagado lo que otros equipos de gobierno, de forma negligente, decidieron no pagar, obviando el sobrecoste en forma de intereses que esa pasividad ha producido al municipio”.