El juez da la razón al Ayuntamiento y avala la resolución del contrato de la antigua ciudad deportiva por “interés general”
El juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de Castellón avala la decisión del Ayuntamiento de Vila-real de parar las obras y resolver el contrato de la Ciudad Deportiva programada en 2011 por el ejecutivo del Partido Popular sobre terrenos no municipales en la zona de Miralcamp. El alcalde, José Benlloch, ha dado a conocer esta mañana la resolución judicial, que, señala, “demuestra que desde el primer momento hicimos bien las cosas y con un único objetivo: la defensa de los intereses de Vila-real, evitando generar un problema mayor para el futuro de la ciudad”.
La sentencia nº 251/15 desestima el recurso presentado por la empresa Actia Iniciativas contra la resolución de alcaldía por la que, en septiembre de 2012, se resolvió el contrato con Actia por razones de interés general que el juez ve ahora ampliamente motivadas y “en absoluto desdeñables”. En concreto, la sentencia se refiere al hecho de que hubiera sido necesario modificar el plan general para la ejecución íntegra de la obra o al auto de suspensión que pesaba sobre el pliego de condiciones que sirvió para la adjudicación del proyecto. La existencia de una línea de alta tensión sobre los terrenos, que no eran de propiedad municipal, y la “inconveniencia” de la proximidad de la dotación deportiva con el proyecto de futuro cementerio son otros de los argumentos del juez, que valora también como acreditada “la necesidad del Ayuntamiento de atender a la difícil situación económica procediendo a la contención del gasto público”. “Es decir, la ciudad deportiva que pretendía construir el PP y que logramos evitar ni era legal, ni buena para Vila-real ni se podía pagar”, argumenta Benlloch, quien se ha mostrado satisfecho del aval recibido de la justicia “en la primera sentencia que llega referente a la gestión del equipo de gobierno”.
Benlloch lamenta la actitud adoptada en esta cuestión por el Partido Popular local que, recuerda, “estuvo más de un año acusando al equipo de gobierno de actuar por capricho y de despilfarrar dinero público, poniéndose al lado de la empresa en lugar de al lado de los intereses de Vila-real”. “Llegaron a decir que estábamos tirando 800.000 euros a la basura, apoyando los argumentos de la contratista, que llevó a juicio al Ayuntamiento. Pues bien, hoy la justicia nos da la razón: hicimos bien las cosas; con responsabilidad y atendiendo al interés general, paramos las obras y renunciamos a construir una ciudad deportiva que hubiera sido un empastre más del PP en Vila-real para buscar un proyecto y una ubicación mejor para el futuro de la ciudad”, concluye.
La resolución del contrato firmado con Actia Iniciativas en marzo de 2011 se produjo en agosto del año siguiente, contando con el aval del Consell Jurídic Consultiu, que también certificó en julio de 2012 los motivos de interés general que llevaron al consistorio al desistimiento. En octubre de 2012, Actia presentó el recurso contencioso-administrativo ahora desestimado, aduciendo un supuesto incumplimiento de contrato por parte del Ayuntamiento y reclamando cerca de 475.000 euros en concepto de indemnización, además de los 128.000 euros del 6% de beneficio industrial al que por ley tenían derecho. El juez avala íntegramente la actuación municipal.
