José Benlloch: “Defenderemos los intereses de Vila-real"
“Los técnicos y servicios jurídicos del Ayuntamiento buscarán todas las fórmulas posibles para defender los derechos e intereses de Vila-real ante una reclamación de 14.398.144 euros contra el Ayuntamiento de Vila-real y, solidariamente, contra la Generalitat Valenciana”. Así lo ha anunciado el alcalde de Vila-real, José Benlloch, quien ha detallado que se trata de una reclamación presentada por una inmobiliaria vinculada al Banco Santander que se ha visto afectada por la sentencia del 7 de junio de 2013 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que anulaba las modificaciones del plan general del entorno de la antigua nave de Fritta.
El primer edil ha concretado que la reclamación va en contra del Ayuntamiento de Vila-real por haber iniciado un convenio urbanístico que fue firmado por el anterior gobierno del PP y al que ha calificado de “a la carta, beneficiando a unos y no a otros y, en definitiva, una barbaridad” y también en contra de la Generalitat Valenciana, “por ser la responsable de haber aprobado un acuerdo que, posteriormente, los tribunales han declarado ilegal”.
Benlloch ha recordado que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana anulaba las modificaciones del PGOU en la zona de Fritta que fueron aprobadas por gobierno del PP, con el voto en contra los grupos que formaban parte de la oposición, “porque no se repartían de forma equitativa ni las cargas ni los beneficios de la urbanización”. Además ha indicado que, desde el consistorio, no se ha querido recurrir la sentencia del TSJCV al Tribunal Supremo “porque queríamos evitar un gasto en abogados de todo lo que podría generar el proceso ya que no contábamos con el aval de ningún técnico que nos pudiera asegurar que teníamos alguna opción de ganar. Por eso nos aconsejaron que no la recurriésemos”.
El alcalde ha avanzado que ahora existe un plazo de seis meses para dar una respuesta y tomar una decisión “ante un empastre urbanístico más del PP” y ha lamentado el tiempo y esfuerzo “que nos van a provocar las irresponsabilidades del anterior gobierno y la repercusión que puede tener en las arcas municipales“.
“Ahora serán los informe técnicos y jurídicos municipales los que nos dirigirán en este proceso en el que trabajaremos para evitar toda responsabilidad por parte de esta administración siempre que haya una base jurídica”, ha concretado el primer edil. Una cantidad económica que se suma a los más de ocho millones de euros “que hemos debido de pagar en esta legislatura en sentencias de los jueces que les decían a los propietarios de los terrenos que, el PP les había engañado, que el PP había hecho ilegalidades” ha afirmado Benlloch “sin olvidar tampoco los costes en abogados que ha significado todas estas gestiones para el Ayuntamiento”, ha lamentado el alcalde.
