Servicios Sociales facilita a los afectados recursos de alzada contra el decreto del copago de la discapacidad
La concejala Mònica Àlvaro denuncia que la decisión de la Generalitat es “totalmente injusta” y un “retroceso que abocará a muchas familias que no se lo pueden permitir a dejar sus familiares dependientes en casa”
El Ayuntamiento de Vila-real, a través de la Concejalía de Servicios Sociales, facilitará a los afectados por el copago de la discapacidad, los modelos de recurso necesarios para que todas aquellas personas interesadas puedan hacer valer sus derechos ante la Generalitat y alegar contra el decreto de la Conselleria de Bienestar Social por el cual se verán obligados a pagar hasta 700 euros por el uso de servicios asistenciales básicos de atención a la dependencia y la discapacidad. Con esta medida, explica la concejala de Servicios Sociales, Mònica Àlvaro, “el Ayuntamiento de Vila-real queremos ponernos, una vez más, al lado de las familias frente a los recortes sistemáticos que la Generalitat está aplicando, en esta ocasión sobre un sector de la población particularmente sensible y débil”.
A finales del mes de diciembre, a los Servicios Sociales municipales de Vila-real se han dirigido un número importante de familias a las cuales, con la aplicación del Decreto 113/2013 de la Conselleria de Bienestar Social, se las obliga a pagar 14 mensualidades por la asistencia a los centros de día y centros ocupacionales para dependientes sufragados con fondos públicos. Este decreto, que afecta a todas las personas con una renta mensual por unidad familiar superior a 539 euros, obliga a las familias a financiar este servicio contemplado en la Ley de la Dependencia. Así, las familias con rentas mensuales superiores al IPREM están obligadas a abonar a partir del 1 de enero entre 120 y 700 euros mensuales por un servicio básico como este recurso asistencial.
Para la concejala Mònica Àlvaro, se trata de un copago “totalmente injusto” y que “abocará a muchas familias, que no se lo pueden permitir, a dejar a sus familiares discapacitados en casa”. “Es un retroceso en todo lo que se había consolidado en cuanto a bienestar social y nos preocupa y mucho la calidad de vida y la salud física y mental de estas personas, que se verán privadas de continuar en sus centros”, valora Àlvaro. Por eso, desde la Concejalía de Servicios Sociales y atendiendo a las demandas recibidas de familias que se han dirigido al Centro Social, se facilitará a las personas interesadas unos modelos de recurso de alzada que podrán interponer contra este decreto ante la Conselleria de Bienestar Social hasta el día 20 de enero.
“El recurso de alzada es la única alternativa que les queda a las familias frente a este decreto de la Conselleria, que supone un nuevo recorte a los derechos de las personas con discapacidad”, denuncia la edil. “Así”, añade, “desde Servicios Sociales y con ánimo de ayudar a las familias, dispondremos de diferentes modelos de recurso de alzada para que puedan hacer valer el único derecho que les ha dejado la Conselleria”.
