Batalla: “Defenderemos los intereses de Vila-real ante la película sin fin de los empastres urbanísticos del PP”

Los técnicos y servicios jurídicos del Ayuntamiento de Vila-real estudian las repercusiones que para la ciudad pueda tener la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat que anula las modificaciones del plan general del entorno de la antigua nave de Fritta, con el objetivo de determinar “el mejor modo de defender los intereses de todos los vila-realenses”. El primer teniente de alcalde de Vila-real, Pasqual Batalla, ha comparecido hoy para dar cuenta de la sentencia, conocida esta semana, que anula las modificaciones del PGOU manzanas 532 y 533, aprobadas por el anterior equipo de gobierno con el voto en contra de los grupos que formaban parte de la oposición, el Bloc y grupo municipal socialista.

“Ya en su día, tanto el Bloc como el PSPV denunciamos que las cosas no se estaban haciendo bien y que el mal llamado urbanismo a coste cero del Partido Popular iba a costar mucho dinero a los vila-realenses”, señala Batalla, quien lamenta que el auto judicial “lo que demuestra es que en la última legislatura la única preocupación del equipo de gobierno del PP fue gastar, gastar y gastar e inaugurar sin más”. En esta línea, el primer teniente de alcalde recuerda que a esta sentencia se suman en los últimos meses varias resoluciones urbanísticas que “ponen en evidencia el derroche y la pésima gestión urbanística del Partido Popular en una película que parece no tener fin”, en alusión a los sobrecostes de más de tres millones de euros derivados de sentencias por expropiaciones en el PAI Madrigal o en solares como el del colegio Angelina Abad o el de la “virtual” Escuela Oficial de Idiomas.

“Esta nueva sentencia puede dejar de nuevo las arcas municipales en una situación muy delicada y es por eso que hemos puesto de inmediato a trabajar a los técnicos y servicios jurídicos del Ayuntamiento para evaluar qué consecuencias puede tener la resolución para el consistorio y cuál es la mejor manera de defender el interés general, el de todos los y las vila-realenses”, apunta Batalla. “La sentencia no deja lugar a dudas: tal como dijimos en su día, las modificaciones urbanísticas que se hicieron en la zona de Fritta no repartían de forma equitativa las cargas y beneficios de la urbanización, ya que a algunos propietarios se les permitía una edificabilidad casi tres veces mayor que a otros, mientras que se hacía recaer la mayor parte de las cargas urbanísticas en la unidad de ejecución en la que no está integrada la edificación singular y otros suelos calificados como residenciales”, detalla.

La sentencia del TSJCV responde a un recurso interpuesto en su día por los propietarios y declara nula la resolución del conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de 15 de febrero de 2010 por la que se aprueba definitivamente la modificación puntual del PGOU, manzanas 532 y 533, “específicamente por violar el justo reparto de las cargas y ventajas del planeamiento”. La modificación anulada contemplaba la construcción de un edificio singular de 20 alturas.

“Querían hacer un rascacielos como fuera, nos tendremos que preguntar por qué, a pesar de que ya advertimos en los plenos de aprobación provisional y definitiva, en el que además se desestimaron las alegaciones, que esa no era la forma ni el modelo de ciudad que Vila-real necesita”, añade Batalla. “Ahora, como siempre, parece que se escudan en los técnicos, pero no fue una decisión técnica sino política, que adoptó el mismo PP Popular y el equipo de gobierno del que formaba parte su actual portavoz, Héctor Folgado”, concluye.