El TSJCV da la razón al Ayuntamiento y obliga a la Diputación a devolver los 20.000 euros de las entradas de la Beneficencia

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha fallado a favor del Ayuntamiento de Vila-real en el contencioso por las entradas de toros de la Beneficencia y reconoce la obligación de la Diputación de abonar al consistorio los 19.850 euros cobrados por unas entradas de toros de los años 2010 y 2011 que nunca llegaron a adquirirse. La sentencia, además, observa “indicios” de un “ilícito penal” en la actuación de la corporación provincial “fuera por malversación de caudales público y/o por prevaricación”, acuerda su remisión a la Fiscalía del TSJCV.

El concejal Francisco Valverde, también diputado en la corporación provincial, ha comparecido esta mañana para dar cuenta de la sentencia, contra la que no cabe recurso, que revoca el fallo del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº1 de Castellón y estima el recurso de apelación presentado por el consistorio. De esta manera, señala el edil, la Diputación Provincial deberá pagar al Ayuntamiento los 19.850 euros compensados “de manera unilateral” de la recaudación de multas de Vila-real, así como los intereses legales y asumir las costas del proceso judicial. Además, el tribunal acuerda “deducir testimonio de esta sentencia para su remisión a la Fiscalía a fin de que se depuren las responsabilidades penales a que hubiere lugar”.

La sentencia considera que la corporación provincial “compensó unas facturas sin causa para ello” y que resolvió esta compensación “de forma unilateral y ejecutiva, practicando la notificación sin haber notificado al Ayuntamiento el procedimiento compensatorio”. Además, los magistrados consideran que “causa verdadera perplejidad (…) que se argumente por la recurrida que su título de crédito se debía a solicitudes de entradas para festejos taurinos de los años 2010 y 2011 “de forma oral, sin contrato o convenio alguno escrito”, (…) argumentando una especie de justificación al explicar que “ha sido práctica habitual”. La sala tilda de “temeraria” la defensa de la Diputación de “sus prácticas habituales, más si afectan a dinero público por la no despreciable cantidad de 19.850 euros y solo en lo que respecta al Ayuntamiento de Vila-real”. El fallo percibe también “indicios de que la actuación sometida a revisión jurisdiccional pudiera constituir un ilícito penal, fuera por malversación de caudales públicos y/o por prevaricación, en la gestión por la Diputación Provincial de Castellón de fondos públicos (…)”.

“Hemos pedido en reiteradas ocasiones, yo mismo también como diputado provincial, que se nos devolvieran a Vila-real estos 20.000 euros, pero ante la actitud de la Diputación nos vimos obligados a acudir a la justicia para defender los intereses de los vila-realenses. Ahora la justicia nos da la razón”, valora Valverde. “La Diputación de Castellón ha sido tremendamente desleal con la ciudad de Vila-real, en lugar de ser una institución de apoyo para los ayuntamientos”, lamenta el concejal, para quien “el portavoz municipal del PP, Héctor Folgado, también diputado provincial de Cultura, sólo tiene ahora dos opciones: o dimite de concejal o dimite de diputado”.

Cronología del recurso por las entradas de toros de la Beneficencia

El consistorio de Vila-real presentó en enero de 2012 un recurso de reposición contra una decreto de Diputación por el cual la corporación provincial decidía cobrarse directamente del dinero que debía ingresar al Ayuntamiento por el servicio de recaudación de multas los 19.850 euros correspondientes a 250 entradas de la Beneficencia de 2010 y otras 250 entradas de 2011 que supuestamente Vila-real habría adquirido. Sin embargo, el expediente de investigación tramitado por el Ayuntamiento demostró que estas entradas nunca llegaron a comprarse, a través de las declaraciones recogidas por escrito tanto del exalcalde como de anteriores responsables municipales e incluso consta una respuesta plenaria del anterior portavoz del equipo de gobierno, el concejal del PP Ignasi Clausell, en la que asegura que las entradas de 2010 fueron devueltas.

Ante el silencio negativo de la corporación provincial a este recurso, el Ayuntamiento presentó en mayo de 2012 un recurso contencioso administrativo contra la decisión de la Diputación de Castellón de no devolver al municipio el dinero de las entradas.

En julio de 2012, el juzgado de lo contencioso-administrativo nº1 de Castellón inadmitió a trámite el recurso del consistorio, fallo al cual el Ayuntamiento de Vila-real respondió con el recurso de apelación que ahora el TSJCV estima, revocando la sentencia de primera instancia y estimando el recurso contencioso-administrativo presentado por el consistorio en enero de 2012.