Vila-real ‘asume’ el pago de 1,6 millones de euros en facturas heredadas del PP de anteriores ejercicios

El pleno de hoy ha aprobado, entre los asuntos de urgencia, el pago de un total de 2,3 millones de euros en facturas a proveedores, de las que una buena parte pertenecen a una misma mercantil que presentó, a principios de 2012, unas facturas por un importe de 1,9 millones de euros por unos trabajos y servicios prestados al consistorio en los años 2008, 2009 y 2010. “Con el pago de 1, 6 millones de estas facturas pendientes saldamos parte de la deuda generada y heredada por el Partido Popular y podremos afrontar los próximos presupuestos de una manera más saneada” ha explicado el concejal de Hacienda y portavoz del equipo de gobierno, Javier Serralvo, quien recuerda que entre las premisas del actual ejecutivo está el de “sanear las cuentas públicas y pagar a los proveedores para que las empresas puedan empezar a cobrar”.

Respecto a la mayor parte de la relación de gastos aprobados en el pleno de hoy y que irán destinados al pago de facturas de una misma empresa, el edil de Hacienda ha recordado que, en su día, ya resultó “extraño que una empresa hiciera unos trabajos y presentará facturas tres años después” y  ha añadido que, al haberse presentado después de enero de 2012, “estas facturas no habían podido acogerse al plan de pago a proveedores”.

Por otro lado, el pleno también ha aprobado el Reglamento de Participación, redactado y elaborado por el Consell de Participación Ciudadana. “Un documento que supone una hoja de ruta para seguir avanzando en el proceso de participación, mejorando y facilitando los canales de comunicación para alcanzar una mayor implicación de los vecinos en la gestión municipal  así como la  transparencia en los asuntos públicos locales” según ha afirmado el concejal de Participación Ciudadana, Xavi Ochando quien avanza que,  “a partir de ahora, se regulará la participación de los vecinos en la política local como un derecho que es y no sólo como una opción”.

La redacción del texto ha implicado a asociaciones, partidos políticos y técnicos municipales por igual, a través de una Comisión de Trabajo que, en los últimos meses, ha estado redactando este nuevo reglamento en el que se establecen los derechos del ciudadano así como los mecanismos para facilitar su ejercicio y hacerlos efectivos.

Otro de los puntos aprobados en la sesión ha sido la incorporación del Ayuntamiento de Vila-real en calidad de Patrono a la Fundación Pro-Monasterio y Basílica de Sant Pascual Baylón de Vila-real de la Comunidad Valenciana. Una Fundación de carácter cultural, educativo, social y religioso, y sin ánimo de lucro que, entre sus objetivos, está el fomentar las actividades culturales, educativas y sociales así como apoyar las obras del Monasterio y la Basílica de San Pascual. Con una aportación de 5.000 euros, y esperando que su incorporación signifique un beneficio para los vecinos de la ciudad, el pleno de hoy ha dado también luz verde a los estatutos de esta fundación.

Por su parte la concejala de Servicios Sociales, Mònica Alvaro, ha planteado dos propuestas que han sido aprobadas. Por un lado, solicitar a la Generalitat Valenciana la financiación del programa del servicio de teleasistencia para que pueda suplir la parte del programa que ahora deja de prestar el IMSERSO “ya que ha dejado de asumir este servicio que corresponde al 65% del coste total de la teleasistencia en la Comunidad Valenciana” ha recordado Alvaro y ha añadido que, en la propuesta, también se solicita a la Diputación de Castellón que asuma, tal y como ha hecho la Diputación de Alicante, el coste del servicio de teleasistencia en aquellas entidades locales menores que no tienen posibilidad de financiación por parte de los ayuntamientos y “con un gran porcentaje de gente mayor o dependiente que precisa del servicio de telasistencia y donde el servicio de teleayuda no resulta de la misma utilidad” según ha matizado la responsable de Servicios Sociales. La edil también solicita a la Diputación de Castellón que acuerde con el ayuntamiento de Vila-real el servicio de teleasistencia de manera que se destine a la ciudad la parte proporcional según los usuarios y que no haga uso del servicio de teleayuda.

Otra de las propuestas presentadas por la responsable del área que también ha sido aprobada ha sido la constitución de una Comisión Informativa Especial de Desahucios para prevenir las consecuencias derivadas de los desahucios en la ciudad. Se trata de una comisión que estará integrada por nueve representantes: cuatro del PP, dos del PSPV-PSOE, un representante del Bloc, uno de Iniciativa y uno de Esquerra Unida.  

Otra de la propuestas aprobadas ha sido la presentada por el concejal de Juventud, Xavi Ochando, para que la Generalitat Valenciana modifique el artículo 18 del texto de la Ley de Hacienda Pública del Consell sobre la preinscripción de las obligaciones de la administración autonómica valenciana de manera que la Generalitat esté obligada a comunicar, con carácter imperativo y previo a 90 días naturales de antelación respecto al cumplimiento del plazo de preinscripción, a los acreedores legítimos el tiempo que queda para la prescripción y la forma en que pueden presentar una reclamación, ya que como ha recordado Ochando, “con la legislación actual, el derecho al reconocimiento, liquidación y pago de las obligaciones de la Generalitat prescribe a los cuatro años” y ha especificado que “ eso significa que la obligación de pagar caduca”. La propuesta también exige al Consell que establezca un calendario de pagos para abonar las ayudas a la vivienda que debe y evitar que caduquen “ya que, actualmente, hay muchos jóvenes que se encuentran afectados por los impagos de las ayudas de la vivienda”, según Ochando.

También ha sido aprobada la propuesta del concejal de Recursos Humanos respecto a la no disponibilidad de créditos de la paga extraordinaria de los empleados públicos y paga adicional de complemento específico de diciembre de 2012 así como su reposición y la propuesta de alcaldía sobre el conocimiento de la renuncia al cargo del concejal del PP, Alfredo Sanz.

Por lo que respecta a las mociones, el grupo socialista ha presentado una moción para adoptar las medidas necesarias para excluir a las personas físicas como sujetos obligados al pago de las tasas judiciales para garantizar que nadie tenga limitado su derecho a acceder a la justicia por no poder hacer frente al pago de la tasa judicial. El grupo de Esquerra Unida ha presentado una moción  en la que se muestra el desacuerdo con la decisión del ejecutivo de no revalorizar las pensiones e insta a la Defensora del Pueblo a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la decisión del gobierno de no aplicar, con efectos retroactivos, la obligación legal de revalorizar las pensiones. También ha sido presentada una moción conjunta del Bloc e Iniciativa en la que se insta al Gobierno central a hacer todas las gestiones necesarias para regular la ley de televisión sin fronteras y garantizar las emisiones en la lengua propia en el conjunto del dominio lingüístico de TV3, RTVV i IB3TV.

También insta al Consell a llegar a un acuerdo de reciprocidad con la Generalitat de Catalunya por lo que hace a las emisiones de TV3 y otros canales públicos catalanes y Canal 9 y el resto de canales  públicos valencianos, que permita que todos sean recibidos en el conjunto del territorio valenciano y catalán y se insta al ente competente a estudiar y hacer posible para restituir las cantidades económicas a Acció Cultural del País Valencià que éstos han depositado en multas. Finalmente, el Partido Popular ha presentado una  moción para que  el pliego de condiciones para llevar a cabo la licitación del nuevo contrato de aguas potables sea elaborado por los técnicos municipales.