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El portavoz del Grup Municipal Socialista del Ayuntamiento de Vila-real, Jose Benlloch, ha presentado alegaciones a los convenios que reclasifican de suelo industrial a residencial los solares donde está la empresa Azuvi y el que fuera de la empresa Frita, que se aprobaron en el pasado 27 de mayo en el pleno municipal con el voto en solitario del Partido Popular. Benlloch asegura que “no se corresponden con el interés general para la ciudad de Vila-real”.

“El Grup Municipal Socialista quiere dejar clara su apuesta por el progreso de Vila-real. Es indudable también que esto requiere crecimiento económico, pues es lógico pensar que si queremos que los recursos y el bienestar alcancen a todos los ciudadanos, sea necesario aumentarlos para luego proceder a su equilibrada redistribución. Pero para el PSPV, esto no significa que el crecimiento no tenga límites, el crecimiento para nosotros debe ser sostenible”, indica el portavoz socialista.

Para este crecimiento se debe dotar a los ciudadanos de mayor calidad de vida “respetando al medio ambiente. Asimismo, necesitamos un nuevo modelo de desarrollo urbanístico y desarrollar la ciudad que queremos mediante la participación ciudadana”, afirma Benlloch que añade que “desde luego nada de lo anteriormente citado tiene que ver con el convenio urbanístico y la modificación puntual que ha planteado el gobierno popular”.

“En primer lugar, estos convenios no facilitan que empresas abandonen el casco urbano, porque Frita ya no está y a Azuvi le dan ocho años de plazo para desmantelar la fábrica. Los convenios no establecen cláusulas que puedan ayudar a desarrollar la economía local y en los espacios para el sector terciario se hubiera podido pensar en el comercio vila-realense”, asegura Jose Benlloch. Además, no se tiene en cuenta la utilización de energías renovables, la creación de vivienda social ni existe obligación para la construcción de viviendas adaptadas. “Por último, se ha dejado de lado la participación ciudadana de forma burlesca”, asegura el edil.

En estos fundamentos se basan las alegaciones que ha presentado el Grup Municipal Socialista ante los convenios presentados y cuyas bases jurídicas son “la improcedencia del convenio urbanístico como instrumento para acometer la modificación estructural del PGOU; que se pueda tratar de una revisión encubierta del Plan General; la falta de justificación de los acuerdos; y la participación pública en las plusvalías generadas por la modificación del plan, ya que consideramos que las valoraciones se realizan a favor de los particulares y no se corresponden con la realidad”, finaliza el concejal.